PP y PSOE pactaron ayer en el Parlamento un documento que establece los criterios básicos que deberá seguir la Xunta en la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, tales como que se tengan en cuenta las ya históricas reclamaciones de Galicia relativas al coste de llevar los servicios a una población dispersa y envejecida. Sin embargo, el consenso no fue total, porque no se llegó a un acuerdo ni sobre la cuantía de los fondos que se tienen que obtener ni para que se reclame un incremento de los mismos.
Ambos partidos ya habían coincidido en proponer al economista Santiago Lago como el experto que representará a Galicia en el grupo de expertos que sentará las bases técnicas de la financiación y ayer, en el pleno, a partir de una propuesta del PSdeG, pactaron los principios que regirán la postura de Galicia. Entre ellos, la equidad y la solidaridad como ejes del reparto de fondos, autonomía financiera, lealtad institucional y sostenibilidad.
Las dos formaciones creen que la razón fundamental del sistema ha de ser "la cobertura igualitaria de las necesidades de gasto" y no la recaudación en los distintos territorios. También concuerdan en la importancia de participar en las decisiones sobre los impuestos en los que se comparten las bases con el Estado, como el IVA; y en demandar más coordinación de las autonomías y el Estado a la hora de tomar medidas que puedan suponer incrementos de gasto o reducción de los ingresos.
Además, piden que el Gobierno permita a las autonomías que cumplen con el déficit una aplicación más flexible de la regla de gasto, y que las diferencias en el nivel de endeudamiento no pueden ser la fórmula para decidir la asignación de recursos.
En Marea y BNG se negaron a sumarse al acuerdo, ya que defienden el derecho de Galicia a gestionar todos sus ingresos.
