"Funcionarización, no sin negociación" es el lema de trabajadores del personal laboral de la Consellería de Política Social, el Consorcio Galego de Igualdade o del servicio forestal preocupados por la aprobación ayer, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, de la funcionarización de personal laboral de la Xunta, un proceso que, avisan, podría conllevar que "más de 4.000 trabajadores de la Xunta pueden acabar en la calle".

Lo advierte Mónica Fernández, quien habla en nombre de sus compañeros y explica que no es que no quieran ser funcionarios, sino que "hay que negociar el proceso". "Primero tienen que garantizar nuestro puesto de trabajo, no convertirnos en funcionarios interinos, despedirnos y a los que queden abaratarlos", reclama. Con la reforma aprobada, afirma, a los temporales los "coaccionan a ser funcionarios si quieren seguir trabajando pero la plaza puede amortizarse". Aparte, sostiene que lo probable es que el proceso conlleve una "rebaja salarial" de los fijos al convertirlos en funcionarios de la categoría C", "una de las más bajas", y que limita cualquier ascenso. Además, afirma que el artículo 12 de la ley "da carta blanca" a la Xunta para "despedir al personal temporal" al perder el "amparo" del V convenio colectivo y derechos de la consolidación que establezca.

Por esa razón, anteayer se concentraban algunos de estos empleados ante el Parlamento gallego, unas protestas en las que coincidieron con los sindicatos, aunque solo en el lugar, dado que estos trabajadores, afirma Fernández, se encuentran "solos" en esta lucha. Fernández incide en que la reforma de la ley "despide, discrimina a temporales frente a fijos, que pueden seguir como personal laboral, y rebaja salarios" y que parece una "estrategia" del Gobierno gallego para "despedir, liquidar y discriminar a bajo coste al personal temporal". "Vamos a una judicalización total y masiva de las relaciones laborales", advierte, y avanza ya nuevas movilizaciones a fin de mes.