"No descarto apoyar los Presupuestos del Gobierno español para 2017, si incluyen ventajas para los Ayuntamientos", aseguraba ayer el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero, después de entrevistarse con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Si es bueno para los 47 millones de personas a los que gobernamos desde los ayuntamientos, los alcaldes actuaremos como Estado, velando por nuestros ciudadanos", aseveró Caballero.

El dirigente socialista solicitó ayer al Ejecutivo de Mariano Rajoy que permita a los municipios invertir el superávit que generaron el pasado año, alrededor de cuatro mil millones de euros, y además cuanto antes. "Queremos respuesta inmediata, esto no puede esperar, estamos en febrero", urgió el regidor socialista. La solución podría pasar por incluir las modificaciones legales pertinentes en la ley de Presupuestos de 2017, y entonces el alcalde olívico estaría dispuesto a pedir que su partido respalde al PP, en minoría en las Cortes, para sacar adelante las Cuentas. Caballero, en declaraciones a este diario, afirmó que su posición no es aislada en la Femp. "El 100% de los alcaldes están conmigo; priorizamos a las ciudades y a los ciudadanos", remarcó. La Femp parece dispuesta a actuar como un grupo de presión para pedir a los diferentes partidos que saquen adelante unas Cuentas, si éstas atienden las demandas de la Administración Local. Al PSOE, que hasta ahora ha permanecido remiso a respaldar los Presupuestos, aunque ya facilitó la investidura de Rajoy, la demanda de sus alcaldes le ayudaría a justificar un eventual sí a las Cuentas del PP.

"Yo no soy oposición al Gobierno de España, yo soy el alcalde de Vigo y mi prioridad es Vigo, explicaba ayer, al justificar su posición, una posición que puede disgustar a algunos en el PSOE. Caballero está dispuesto a aprovechar la minoría en la que está el PP en el Congreso para obtener réditos para los ayuntamientos. "La reunión de ayer transcurrió en tono positivo y con voluntad de llegar a acuerdos y buscar soluciones", afirmó.

Por escrito

Santamaría y Montoro se mostraron dispuestos a negociar la reinversión del superávit de las entidades locales, pero Caballero esperará a conocer la propuesta por escrito, antes de dar su apoyo a las Cuentas y pedir al PSOE el sí en el Congreso.

La reunión de ayer de la dirección de la Femp con la vicepresidenta y el titular de Hacienda también sirvió para dar luz verde en los próximos días a la constitución de un grupo de trabajo sobre el techo de gasto, y otro para abordar la reforma de la financiación local, al tiempo que se revisa el sistema de financiación autonómica, tal y como reclamaban los alcaldes. Este segundo grupo de trabajo estará compuesto por 10 expertos y los alcaldes ya han elegido a sus cinco representantes.

Caballero también reclamó un plan de pagos individualizado para los 200 ayuntamientos que en España atraviesan dificultades económicas. "No estamos a favor de que se les condonen deudas ni a los municipios ni a las comunidades, pero sí pedimos un plan personalizado de ayuda", explicó el alcalde de Vigo.

El Gobierno central se comprometió a ello, y también se mostró dispuesto a buscar una solución a las empresas públicas que por ley al ser deficitarias están obligadas a echar el cierre. Hay casos de compañías que prestan servicios esenciales como el transporte público, y no pueden ser disueltas, argumentó el presidente de la Femp, al demandar una solución. Los municipios no se pueden quedar si estos servicios, argumentó.

"Máxima disposición"

Sáenz de Santamaría valoró "la máxima disposición y la máxima colaboración" por parte de las entidades locales para cerrar acuerdos. Fue una reunión "importante y fructífera que complementa el diálogo territorial", explicó a los periodistas, tras la cita con Caballero. La número dos del Gobierno de Rajoy remarcó el papel de las entidades locales como "eslabón esencial" a la hora de avanzar en el modelo de financiación.

El Ejecutivo y la Femp también acordaron que los ayuntamientos se incorporen al sistema de registro de tarjeta social, que permitirá saber qué ayudas recibe cada personas de cada administración.