La recuperación económica ofrece datos que revelan la mejoría de algunos de los indicadores que durante la crisis alcanzaron cotas negativas históricas. Uno de ellos es el referido a la reclamación de deudas entre empresas y particulares por vía judicial exprés, que se desplomaron en Galicia un 17,6% durante los nueve primeros meses del año pasado hasta alcanzar los 21.718 procesos. Se trata de 17 casos menos al día, la segunda menor caída de España, si bien la radiografía provincial muestra diferentes comportamientos, con Pontevedra situándose como la primera en la lista, superando a A Coruña gracias a la caída del 47% de esta. Estos datos también están favorecidos por la aprobación en julio de 2015 de la Ley de Segunda Oportunidad con la que el Gobierno central trató de agilizar el cobro de deudas en caso de que el deudor asuma su carga.
Una de las consecuencias del tsunami económico que destrozó la vida de miles de personas fue el impago de deudas, bien por incapacidad para hacerles frente, bien por picaresca. La subida de tasas judiciales supuso un problema añadido para quienes deseaban recuperar su dinero y muchos recurrieron a una vía judicial más rápida y menos gravosa: el monitorio.
Esta modalidad es un "procedimiento especial previsto para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento", según la definición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acreedor presenta un escrito reclamando una deuda sobre un tercero añadiendo la documentación necesaria y sin necesidad de procurador o abogado, lo que evita afrontar la minuta de estos. "Si el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecución", contempla la ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, el juzgado de primera instancia ordena un embargo o la ejecución de una hipoteca para hacer frente a la carga. En caso de que el deudor alegue, el caso deriva hacia un juicio, con los consiguientes costes añadidos.
Desde 2008, estos procesos han estado siempre por encima de los 30.000 casos, según las estadísticas del CGJP, tocando techo en 2009 con 44.241 casos, que descendieron hasta que en 2012 repuntó de nuevo a casi 37.000. En 2014 y 2015 subieron a 34.000 y 35.000, respectivamente.
Los nueve primeros meses del año pasado parecen mostrar un cambio de tendencia. En ese período, no solo se produjeron 4.651 casos menos que en 2015, sino que la proyección apunta que podrían quedar por debajo de los 30.000, algo que no sucede en los últimos seis ejercicios.
La evolución parece general, pues en España el descenso es del 19%, con 400.809 monitorios, 94.095 menos que entre enero y septiembre de 2015. Pero Galicia aparece como la segunda menor caída por detrás del descenso del 16,3% de Murcia. Cataluña, por su parte, es la única comunidad donde crecen este tipo de conflictos por impagos con un repunte cercano al 12%.
Galicia ofrece un comportamiento provincial muy diferente, con Pontevedra superando a A Coruña como territorio con más casos de estos procedimientos. La primera reduce estos apenas un 11,2% hasta los 8.541 casos, mientras que la segunda pasa de 11.143 a 5.837, lo que constituye un descenso cercano al 48%. Por su parte, las disminuciones en Ourense y Lugo se sitúan en el 12% y el 18,3% hasta 2.313 y 2.427 casos, respectivamente.
La suma de estos casos de los tres primeros meses del año suman 19.118 monitorios, por lo que los datos globales del CGPJ dejan 2.600 procedimientos sin encuadrar en ninguna de las provincias.
