El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cerró ayer su ronda ministerial de contactos con sendas reuniones con el responsable de Interior, José Ignacio Zoido, y el titular de Justicia, Rafael Catalá. Con este último abordó la necesidad de "organizarse" para dar respuesta a la previsible avalancha de demandas de ciudadanos reclamando la devolución de las cláusulas suelo. El ministro le trasladó que está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la creación de órganos judiciales específicos "para no dilatar el normal funcionamiento de la justicia". Por otro lado, el jefe del Ejecutivo gallego reclamó a Interior que cubra las vacantes que existen en la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma que, según relató, está "diezmada" con unos 40 policías "por debajo" de la plantilla que sería óptima de 500 agentes.

"En la medida de las posibilidades este problema debería resolverse a lo largo de 2017 para que la policía autonómica vuelva a rondar los 500 efectivos", explicó Feijóo,al término de la reunión con Zoido.

También este año está previsto abrir cinco nuevas unidades judiciales en Galicia -tres juzgados y dos plazas de magistrado-. El presidente de la Xunta y el ministro de Justicia acordaron que antes de marzo tendrían ya un calendario para su apertura. Se trata de un nuevo juzgado de lo Social en A Coruña, otro de Primera Instancia en Ourense y otro de Primera Instancia especializado en Familia en Vigo, además una plaza de magistrado en la sección Penal de la Audiencia Provincial de A Coruña y otro juez para la sala de lo Civil y del Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Con respecto a las cláusulas suelo, Feijóo trasladó a Catalá la necesidad de "tener una organización y una previsión de cara a las demandas que se puedan plantear y especializar juzgados al efecto para descongestionar los juzgados ordinarios". A pesar de que el Gobierno ha abierto un procedimiento extrajudicial para agilizar la devolución de lo cobrado de más por los bancos, el ministro recordó que si los afectados no llegan a un acuerdo en el proceso de mediación podrán ir a los juzgados. Por eso trabajan en la creación de unidades específicas. "Barajamos concentrar las causas en el ámbito provincial", explicó.