El juzgado de instrucción número 2 de Ourense ha decretado el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones" en el caso que investigaba la adjudicación por parte de la Diputación de Ourense a la empresa Soluciones Medioambientales y Aguas (SMA) la instalación de un centenar de depuradoras en pequeños pueblos del rural de la provincia "por no resultar debidamente acreditados los hechos" supuestamente irregulares.

Concluye el juez que no hay indicios suficientes contra el único investigado" y parte de los hechos delictivos (tráfico de incluencias y fraude de subvenciones) han prescrito. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juez recuerda en el auto que el único investigado en la causa es J.B.V., ingeniero jefe de la Diputación de Ourense en la fecha en que se efectuaron las contrataciones investigadas y que, además "fue quien redactó el pliego de licitación y las condiciones técnicas que habrían de reunir las plantas depuradoras".

Este caso fue reabierto después de que la Audiencia Provincial de Ourense revocase en 2015 el archivo de la causa de las depuradoras de la Diputación, porque consideraba que la investigación desarrollada por el juez instructor "fue escasa".

La causa judicial de las depuradoras responde a la denuncia de PSOE y BNG, tras la investigación desarrollada por la Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf) sobre el uso de los 10,12 millones de euros de fondos Feder destinados entre 2003 y 2004 a la instalación de depuradoras compactas. La Olaf detectó posibles indicios penales. Alertaba de que se incumplía la normativa para las contrataciones públicas y supusieron el acceso de la empresa a información confidencial, entre otras irregularidades.

En relación a las conclusiones de los técnicos de la Oficina de Lucha Antifraude de la UE, el auto indica que no se han visto corroboradas por el resto de pruebas.