La devolución de casi 760.000 euros de ayudas agrícolas europeas destinadas a compensar las "desventajas naturales" de las zonas de montaña y una corrección a la baja del 5% por irregularidades. Ese fue el precio que tuvo que pagar la Xunta en 2013 a raíz de la auditoría realizada por la Comisión Europea en 2010 en la que denunció "deficiencias" en los controles a los beneficiarios gallegos, al no constatar inspecciones sobre el terreno para recontar los animales de las explotaciones que recibían subvenciones comunitarias según su carga ganadera y limitarse a aplicar la vigilancia del régimen de ayudas por superficie.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ya había desestimado en 2015 el recurso presentado por España en agosto de 2013 al considerar que sí hubo incumplimiento de las normas de control exigidas. Ante esta decisión, el Gobierno central volvió a responder con un recurso de casación y el Tribunal comunitario falló ayer de nuevo a favor de la Comisión Europea.
