Las reclamaciones derivadas del sector del motor dispararon el año pasado las sanciones impuestas por la Xunta a las empresas por abusos a los usuarios hasta la cifra récord de 20,8 millones de euros, el triple que en 2015. De ellos, 11,1 proceden del campo de la automoción, aunque en su mayor parte tienen un nombre común: Volkswagen. El escándalo del trucaje de sus motores para sortear las restricciones a los límites de emisiones de partículas contaminantes, que estalló a finales de 2015 y fue bautizado como "dieselgate", concentró el grueso de las propuestas de sanción económica del Instituto Galego de Consumo (IGC), con 9,4 millones.
En septiembre de 2015, la agencia de Estados Unidos encargada de la protección del medio ambiente denunció a la compañía alemana por haber instalado un software que detectaba cuándo eran sometidos a inspección los vehículos y encendía un sistema de control de emisiones para ajustarse a la normativa que se desactivaba cuando concluía el examen. Las autoridades acusaron al grupo de vender motores que emitían en modo normal 40 veces más contaminantes -óxido de nitrógeno- de lo permitido.
Según los cálculos que trascendieron entonces, ese programa informático operaba en 11 millones de vehículos, de los que alrededor de 700.000 se habían comprado en España. El impacto del escándalo le costó el puesto al consejero delegado del grupo, Martin Winternkorn, y la compañía se ofreció a reparar los vehículos de los afectados, entre los que se encuentran modelos como el Audi A3, el Golf o el Tiguan, pero no a indemnizarlos.
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La Comisión Europea abrió en diciembre un expediente a España, Alemania, Reino Unido y Luxemburgo por no sancionar al gigante por el "dieselgate". Les reprocha no haberlo sancionado, si bien el Ejecutivo español aún no ha cerrado la investigación sobre SEAT, la división española de la marca. En caso de multa, ese expediente sería anulado.
El Instituto Galego de Consumo aceleró desde septiembre sus propuestas de sanción, que son susceptibles de ser recurridas por la compañía. Hasta agosto, había elevado multas por 1,2 millones y tramitado apenas una treintena de quejas. "Desde agosto pasado, se abrieron un total de 241 expedientes en relación con el caso Volkswagen, con propuestas de sanción que suman 9,41 millones", reconocen fuentes de la Consellería de Economía, de la que depende el IGC. La media por afectado supera los 39.000 euros.
La relevancia del citado caso se muestra al comparar las propuestas de sanción con el número de expedientes. Mientras las primeras se triplican al pasar de 6,9 millones a 20,8, los segundos se elevan "solo" un 17,4%: de 1.860 a 2.185, según los datos del Instituto Galego de Consumo. Curiosamente, esta situación se produce en un contexto de caída de las reclamaciones, que se redujeron algo más de un 12% hasta las 17.198.
El sistema de quejas del IGC supone una ventana para que el consumidor plantee denuncias por un trato no acorde a lo establecido con una empresa, bien por defectos en los productos, mala atención al cliente o cláusulas abusivas, por ejemplo. Sin embargo, existe una vía intermedia antes de alcanzar la propuesta de sanción de la administración o bien el sobreseimiento de la protesta. Se trata del arbitraje. El año pasado la Xunta emitió 3.141 laudos de acuerdos amistosos, con un 72% de casos en que estos resultaron favorables al consumidor. Fueron 341 menos que en 2015, pero el porcentaje de decisiones beneficiosas para el usuario subió cinco puntos.
Las eléctricas rozan los 4 millones en castigos por abusos al cliente y las telefónicas, 1,7
- El sector de la telefonía y las compañías eléctricas habitualmente ocupan los primeros puestos en el número de reclamaciones de los consumidores y en las sanciones impuestas por Consumo, con excepción del excepcional año pasado debido al "dieselgate". El primero fue sancionado, a falta de que sean firme las decisiones, con 1,7 millones de euros, por 3,99 de las segundas.Normalmente, las acciones coercitivas de la administración se refieren a cobros indebidos, no atender reclamaciones de los usuarios vulnerando sus derechos, aplicar cláusulas abusivas o incurrir en prácticas comerciales desleales, según el IGC.Las eléctricas se encuentran de plena actualidad, tras alcanzar el precio de la luz máximos anuales en las subastas coincidiendo con la ola de frío, aspecto que investigará la Fiscalía de lo civil del Tribunal Supremo.El año pasado, el peso de las reclamaciones a estas firmas se redujo al pasar del 21,2% al 16,4%, según los datos del IGC. Las sanciones que reclama la Xunta alcanzaron los 3,99 millones de euros, casi un millón menos que los 4,8 de 2014, cifra que entonces casi triplicó los datos de 2013. La memoria del departamento público no concreta lo sucedido en 2015.Las telefónicas coparon de nuevo el primer puesto con el 30,3% de quejas, siete puntos menos que el ejercicio anterior. Normalmente, los problemas para darse de baja de un contrato o eliminar determinadas cláusulas protagonizan esos conflictos.En ese terreno, el sector del automóvil, con 11,1 millones, encabeza la lista por el efecto del caso Volkswagen. El sector electrónico alcanzó los 623.000 euros en multas, por 340.000 de la alimentación y 317.000 del textil y calzado, según Economía.
