19 de enero de 2017
19.01.2017
El caso de las prejubilaciones millonarias en Novacaixagalicia

La excúpula de la caja se apoya en que la cuantía no es firme para recurrir la prisión

Las defensas de los altos cargos presentarán un recurso de súplica que la Audiencia Nacional debe resolver en dos días y cuestionan que no se optara por el ingreso voluntario

19.01.2017 | 02:36

La primera de las últimas opciones que les quedan a los exdirectivos de Novacaixagalicia para salir de la prisión en la que están desde que la Audiencia Nacional decretó el lunes su detención e ingreso para el cumplimiento de los dos años de condena por las prejubilaciones es el recurso de súplica. Lo presentarán hoy, cuando vence el plazo de tres días que hay para hacerlo desde la comunicación formal de la negativa de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal a la suspensión de la pena que pedían. "No será un mero trámite", como apuntan sus defensas a FARO. Los respectivos escritos de impugnación que ultimaban ayer a la propia Audiencia Nacional, encargada otra vez de resolver en dos días, incorporan las peculiariades de cada uno de los cinco condenados, pero coincidirán en argumentos comunes, sobre todo que la decisión de mandarlos a la cárcel se tomó, como el auto reconocía, porque la cantidades y bienes que entregaron al juzgado no cubren el importe téorico a devolver, ni siquiera con la tasación de todos los bienes embargados. Los abogados recuerdan que se desconoce la cantidad exacta porque está recurrida y que sin saber cuál es "parece, como mínimo, sorprendente", que se utilice esa explicación para ordenar la entrada en prisión "y de la forma en que se hizo".

¿Por qué la responsabilidad civil está todavía en el aire? Lo recoge expresamente la Audiencia Nacional en el auto de detención, que "pende recurso de casación". En la sentencia contra José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas como "cooperadores necesarios" en el delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida por la mejora que, según el tribunal, aplicaron a sus contratos para mejorar sus condiciones económicas de salida de la entidad, la cuantía a pagar ascendía a 14 millones de euros. Ya en ese momento los afectados se quejaron de que los números de la Audiencia Nacional no tenían sentido porque había conceptos en los que se estipulaba el reintegro por duplicado. Así lo reconoció el Tribunal Supremo -un "llamativo error", subrayó- y obligó a calcular el montante de la responsabilidad civil de nuevo. Bajó a 10,5 millones. Pero, según las defensas de los exdirectivos, siguen existiendo fallos. "No se ajustan a las indicaciones del Supremo", sostienen. De ahí el recurso y la solicitud de susupensión de la pena.

A la espera de la revisión estaban los condenados cuando llegó la detención. "Es cierto que jurídicamente puede hacerse, pero se aparta de lo que suele hacerse", asegura uno de los abogados de la excúpula de Novacaixagalicia, en referencia a la posilidad de recurir el ingreso antes de que se haga efectivo y los 10 días para ir voluntariamente y el pago de la multa. Sobre por qué no se siguió esta alternativa el auto de la Audiencia Nacional no dice nada. Pero sí que la decisión se tomó ante "la gravedad del delito cometido", su "impacto macroeconómico", porque el Supremo consideró "benévola" la pena y porque "se encuentran investigados en otras causas".

Los abogados ponen muchos reparos también a alguna de estas afirmaciones. Por ejemplo, que ese supuesto daño "macroeconómico" no "se explica". Los cobros, como incluso el departamento de Asesoría del Banco de España comunicó a la Fiscalía o el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a la comisión de cajas del Parlamento de Galicia, "difícilmente podían comprometer su solvencia". Otro reparo, en esas investigaciones, que podrían vincularse a las operaciones urbanísticas que el FROB envió a Fiscalía y por las que todavía nadie está imputado.

"La Audiencia Nacional reconoce que se dan todos los preceptos para que no entraran en prisión, salvo el abono de la responsabilidad civil, que está recurrida", insisten los abogados. "Ni sabíamos -continúa otro de ellos- que había un informe de la Fiscalía pidiendo el ingreso".

A las cuestiones generales como estas se suma la situación personal de cada uno de los cinco. La edad en el caso del expresidente Julio Fernández Gayoso. Cumplió 85 años el pasado diciembre y es uno de los presos más mayores en España en estos momentos. El segundo, probablemente, en Galicia, según apuntan varias fuentes, por detrás de la edad de un condenado por violencia de género. Él y el abogado Pradas fueron, además, condenados no como autores, sino como "cooperadores necesarios". Sobre Rodríguez Estrada, el Supremo aseguró que no tenía que devolver nada, por lo que la Audiencia Nacional decidió dar un giro y colocarlo como responsable subsidiario.

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