José Luis Méndez se jubiló a finales de septiembre de 2010 tras casi tres décadas al frente de Caixa Galicia. También él se llevó una indemnización astronómica: 18 millones de euros. Y no pocos privilegios. El ex director general de la entidad mantuvo durante meses la representación en consejos de administración de varias de las participadas -remuneración y dietas incluidas-, chófer, secretaria y gastos pagados en telecomunicaciones. Hasta que estalló la polémica de las prejubilaciones, se descubrieron los beneficios que mantenía y el entonces presidente de NCG, José María Castellano, le apartó. Como antes le había apartado el Banco de España, que lo responsabilizaba de la quiebra de Caixa Galicia y ordenó que se mantuviera fuera de las negociaciones de la fusión y, por supuesto, de la caja fusionada.

Novaixagalicia empezó a funcionar el 1 de diciembre de 2010. Pocos días después, como publicó FARO, la cúpula de la nueva entidad recibió del Banco de España los resultados de la última inspección a Caixa Galicia, con la confirmación tan negada por parte de la Xunta, principal impulsor del matrimonio, de que la situación era muy diferente a la de Caixanova. El plan de fusión incluía un saneamiento superior a los 2.000 millones de euros por las pérdidas esperadas en la caja coruñesa -el 77% de toda la limpieza de balance que se impulsó para echar a andar- y, aún así, el supervisor pedía a los responsables de Novaixagalicia el cumplimiento "de forma rigurosa" de una larga lista de requerimientos "para la subsanación de las debilidades identificadas en Caixa Galicia" por un importe total de 805 millones de euros.

La sentencia de la Audiencia Nacional recogió "la insolvencia de Caixa Galicia", pero nada de lo ocurrido con la entidad llegó de momento ante el juez, a la espera del paquete de operaciones que el FROB -en un forensic que, paradójicamente se encargó a la que fue auditoria de Caixa Galicia- trasladó a la Fiscalía y en el que están, al menos, la estrecha vinculación que la entidad y Méndez tenían con Enrique Bañuelos y el imperio Astroc, paradigma en España del pinchazo inmobiliario.

El único representante de peso que entró en la cúpula de Novacaixagalicia procedente de la caja coruñesa fue Javier García de Paredes. Él fue el encargado del área jurídica hasta que quedó vacío el asiento de Méndez. Lo que le convirtió en una de las caras de las negociaciones de la fusión y luego asumió el puesto de director adjunto. La decisión de Anticorrupción de desligarlo de sus acusaciones en el cierre del juicio le permitió quedar absuelto y retener su indemnización, 5,7 millones de euros, por los que ahora mantiene un contencioso con el FROB.