En su revisión de la condena a dos años de prisión para los exdirectivos de Novacaixagalicia y el abogado asesor en el caso de las prejubilaciones millonarias, el Tribunal Supremo ya destacó que la sentencia le parecía "desproporcionada", pero "no por su exceso al alza como alegan las defensas, sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas a la que se ha hecho referencia". Que existieron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" en la mejora de sus condiciones laborales para así elevar la cantidad que se llevarían si se iban de la entidad; y que los implicados merecían una pena mayor. Y a eso se agarra ahora la Audiencia Nacional para dar un giro inesperado a la situación de los implicados. Todos ingresaron ayer en la cárcel de A Lama después de que la sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenara su detención inmediata y el traslado al centro penitenciario bajo ese argumento de que hasta el Supremo calificó de "benévolo" el fallo y porque el dinero -10 millones de euros- todavía no se devolvió y "tienen causas pendientes con la justicia", según la explicación divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). No es habitual que los condenados que no superan los dos años vayan efectivamente a prisión, es una decisión que queda en manos del juez. Ni tampoco ocurrió hasta ahora que un escándalo ligado al desplome de las viejas cajas de ahorro españolas acabara con sus protagonistas entre rejas, a pesar de que hay resoluciones judiciales prácticamente idénticas a esta.

Por eso y por otras razones, la orden de detención pilló por sorpresa a los afectados, que en estos momentos se encontraban negociando con la Audiencia Nacional los términos en los que se iban a devolver los 10 millones de euros en los que quedó fijado el importe definitivo tras la rebaja ordenada por el Supremo ante el "llamativo error" de los cálculos iniciales. Las defensas coinciden en señalar que se trata de una medida "extemporánea" porque los directivos presentaron hace tiempo "avales suficientes con su patrimonio" para afrontar el reembolso de las cantidades que se cobraron y el juzgado "ni siquiera había iniciado la ejecución forzosa de la responsabilidad civil".

Pero la Audiencia Nacional optó directamente por rechazar la solicitud de suspensión de la pena y ayer por la mañana requirió la localización de los cinco para su inmediato paso a prisión. La orden, de carácter "prioritario", según apuntan varias fuentes a FARO, llegó al juzgado de guardia de Vigo, que la cursó a través de la Unidad de Delincuencia Especializada (UDEV). A Julio Fernández Gayoso, expresidente, se le detuvo en su casa. A Óscar Rodríguez Estrada, encargado de la oficina de integración, en el hospital. José Luis Pego, director general, acudió por su propio pie a la comisaría. Tanto Gregorio Gorriarán, que llevó el área inmobiliaria, como Ricardo Pradas, el asesor externo, estaban en Madrid.

Sus abogados no entienden cómo se les negó la posibilidad de la entrega voluntaria con los cinco días de plazo que suelen darse habitualmente, dado el control que había sobre ellos. Desde que fueron imputados debían pasar cada 15 días por el juzgado y no existía riesgo de fuga. A media tarde estaban ya en las dependencias de A Lama.

La acusación de estafa se cayó por el camino. Así que la condena se ciñó a un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida para Pego, Rodríguez Estrada. Gregorio Gorriarán, Fernández Gayoso, y el abogado Pradas, como "cooperadores necesarios" en el "plan urdido" para elevar las indemnizaciones llegó hace algo más de un año. En octubre de 2015. Aunque el fallo incluye en todo momento en los hechos al entonces director adjunto, Javier García de Paredes -el único procedente de Caixa Galicia por la orden expresa del Banco de España de dejar fuera a su máximo responsable, José Luis Méndez, tras la quiebra de la entidad-, lo cierto es que, en otro de los muchos episodios sorprendentes del proceso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución -y, por tanto, que mantuviera los 5,7 millones de euros que recibió- en la última jornada del juicio, durante la fase de conclusiones.

Los otros cinco recurrieron la sentencia ante el Supremo, que en septiembre del pasado año confirmó el castigo. Las defensas intentaron tumbarlo por la "ilógicas e irracionales" fundamentaciones de la Audiencia Nacional, dado que, en su opinión, el fallo lo único que hacía era una "simple transcripción" de una solo una parte de la documentación y los peritos para intentar demostrar "un hecho probado que no es cierto". Desde el arranque del proceso -las primeras investigaciones se remontan a junio de 2012-, la cúpula de la desaparecida Novacaixagalicia negaron con rotundidad cambios en sus contratos de alta dirección y que tuvieran intención de abandonar la entidad incluso antes de que empezara a funcionar la integración de Caixanova con Caixa Galicia, como sí creía Anticorrupción y rubricó luego la Audiencia Nacional.

Pero el Supremo cerró la puerta a cambiar la condena e incluso se quejó de lo pequeña que era. "Los acusados hicieron suyas esas cantidades a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración", concluyó. Sí es cierto que compartía con los abogados de los exdirectivos "la deficiente técnica de la sentencia recurrida" por "la censurable transcripción de dictámenes periciales" y que los magistrados encargados hicieran suyas las conclusiones de parte de los expertos llamados a declarar "de forma absolutamente acrítica" y "sin el más mínimo matiz". Algo, sin embargo, que el alto tribunal negó que afectara a "la validez estructural" de la sentencia.

"Proceso mediático"

"Nunca estuve tan convencido al salir de un juicio de que íbamos a ganar", recuerda uno de los letrados encargados de defender a los exdirectivos. "Todo lo que ha tenido que ver con este caso -señala también otro- buscaba el carácter mediático y la ejemplaridad". Ahí podría estar la explicación de que sean los primeros condenados por prejubilaciones que van a prisión, a pesar de que, por ejemplo, la cúpula de Caixa Penedés, a la que se responsabilizó del cobro indebido de 28 millones de euros -casi tres veces más que aquí- eludiera el ingreso en la cárcel.

Las defensas trabajan en los posibles pasos a dar, que en el caso concreto de Julio Fernández Gayoso, que cumplió 85 años el pasado diciembre y padece, según confirman en su entorno, problemas de salud, apuntan tanto a Vigilancia Penitenciaria por las repercusiones que la situación puedan darse en su estado, como a un recurso en súplica.

Pese a que el TSXG no aclara a qué se refiere la Audiencia Nacional con que los condenados tienen "causas pendientes", todo apunta a que es una mención a la docena de operaciones urbanísticas que el FROB trasladó a la Fiscalía con irregularidades que podrían haber supuesto un perjuicio a la entidad y a sus cajas originarias superior a los 1.000 millones de euros y de las que nada se ha vuelto a saber desde hace más de un año.

14 millones de euros que el Tribunal Supremo rebajó a 10

  • La condena inicial a los exdirectivos obligaba a la devolución de un total de 14 millones de euros. El Supremo detectó fallos en el cálculo y obligó a uno nuevo que quedó en 10, incluida la supresión en el caso de Óscar Rodríguez Estrada, que entonces pasó a ser considerado responsable subsidiario.

La factura de la fusión supera ya los 9.000 millones de euros

  • Las indemnizaciones a los antiguos directivos son solo una de las muchas cantidades que acompañan el fallido matrimonio de las dos cajas gallegas. El Tribunal de Cuentas desveló hace unas semanas que ya se han perdido 9.159 millones y que el total de recursos a la operación es de 12.280.