"Una persecución sin base" y "que no se sostiene bajo ningún concepto". Así defendía ayer su inocencia Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP pontevedrés, ante la decisión del juzgado número 2 de Cambados de abrirle juicio oral por un supuesto delito de cohecho por el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo, por el que también se sentarán en el banquillo de los acusados su esposa y el exdiputado provincial del PP y edil en Pazos de Borbén Severino Reguera. "Me quieren juzgar por ser quien fui", denunció ayer en una comparecencia en la que lamentó ser víctima de un "escarnio" y que se intente "ensombrecer" su "labor de gestión".

"¿Queremos justicia o queremos ajusticiar por parte del Ministerio Fiscal en este caso a alguien llamado Rafael Louzán?", se preguntó el ahora presidente de la Federación Galega de Fútbol, quien avanzó que reiterará la solicitud de "archivo" de un caso que, recalca, "no se sostiene bajo ningún concepto". "Estamos plenamente convencidos de la legalidad de todas las actuaciones en este procedimiento", reivindicó.

En todo caso, insistió en dejar "meridianamente claro" que se trata de "una cuestión de ámbito privado", nada que se derive de su "gestión pública". "Si hoy tuviese la misma oportunidad de hacerlo, lo haría exactamente igual", aseguró el expresidente de la Diputación pontevedra, que vinculó los contratos de alquiler a la "normalidad económica" de aquel momento.

Louzán, junto a su mujer y a Severino Reguera, están acusados de cohecho, los dos primeros de cohecho impropio y el tercero de cohecho pasivo. El matrimonio alquiló unos bajos al exdiputado provincial del PP a un precio supuestamente "superior" al de la zona. En relación a ese aspecto, Louzán señaló que ha aportado a la causa informes de que los alquileres estarían "dentro de los precios medios que se pagarían en Navia en esos años y siguientes" y aseguró que es "rotundamente falso" que obtuviese el beneficio que le atribuye el ministerio fiscal.

Además, apuntó, el Ministerio público le hizo una "auditoría económica", a él y a su "familia", "sin encontrar ni la propia Fiscalía ni la Agencia Tributaria ninguna irregularidad". Por otro lado, argumenta que "todos los testificales, todos los testigos que pidió la acusación, sin excepción, fueron exculpatorios" y "ratifican la legalidad" de sus actuaciones. "Se trata de una persecución sin base", insistió, "y que no se sujeta documentalmente".

Para explicar la situación actual del caso, en el que el fiscal pide para él un año de cárcel, la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses y el decomiso de los tres locales, Louzán recurrió a un "símil" futbolístico. "Podemos decir que estamos ante un partido de doble vuelta" donde, dijo, "no hay vencedor". Así, tras la instrucción, a la que se refirió como el "partido de ida", ve el juicio oral como una "oportunidad de clarificar si cabe de manera incluso más rotunda todo esto". Pese a que se siente "tranquilo" y ni siquiera considera un fallo que no sea "absolutorio" -"no puede ser de otra manera si de verdad hay justicia", alega- lamenta tener "encima" ya "una pena de telediario".