Adif Alta Velocidad ha contratado las obras de reparación de carreteras de titularidad de la Axencia Galega de Infraestructuras y de la Diputación de Ourense, afectadas por las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia en la provincia ourensana. El contrato abarca todas las vías dañadas por los trabajos en el tramo Vilariño-Campobecerros y Ponte Ambía-Taboadela. El importe, incluido el IVA, alcanza los 5,187 millones de euros y el plazo de ejecución son 12 meses.

La ubicación de las obras entre los tramos de Vilariño de Conso y Taboadela, "muy distantes de los principales núcleos de población", provocan que el acceso "se efectúe por una amplia red de carreteras secundarias, dimensionadas para tráficos muy reducidos", segúin explica Adif. Por eso, con el "tráfico de vehículos pesados", estos viales "han acabado presentando daños como blandones, baches, 'piel de cocodrilo', mordientes o hundimientos". "Se da la circunstancia añadida de que el acceso a determinados núcleos de población solamente es posible por un único vial, lo que imposibilita rutas alternativas", añade el administrador. Las carreteras afectadas por estas obras y objeto de reparaciones discurren por los términos municipales de Vilariño de Conso, A Gudiña, Castrelo do Val, Laza, Vilar de Barrio, Sarreaus, Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía, Allariz, Paderne de Allariz y Taboadela.

Posibles sobrecostes

Los sobrecostes del AVE es uno de los asuntos que Unidos Podemos y Compromís quieren incluir junto con el rescate de las autopistas madrileñas y la privatización de AENA en la comisión de investigación sobre la posible "administración desleal" de los recursos públicos que reclamarán en el Congreso. En el caso de la alta velocidad gallega, las formaciones hablan de un desfase de 2.000 millones.

En el texto de la iniciativa registrada demandan una investigación sobre el "objeto, razones, destino y posible administración desleal de los recursos públicos a través de la práctica sistemática del sobrecoste, ya sea mediante autorización de modificados o proyectos complementarios". En concreto plantean que la comisión se centre en investigar las constantes "bajas en las ofertas por parte de un grupo de empresas concretas", ya que sospechan que puede estar produciéndose un "fenómeno de cartelización".