El PP mostró ayer dos posturas sobre la transferencia a Galicia de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9). En el Parlamento autonómico apoyó una iniciativa de En Marea, que logró unanimidad, para pedir al Gobierno central que "no obstaculice" ese proceso, pero la Mesa del Congreso, donde cuenta con tres de nueve puestos, vetó el debate de la proposición de ley para iniciarlo. Respaldó así la petición del Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar la tramitación de esa y otras 15 proposiciones de ley que supondrían 6.100 millones de euros de gasto. Alega, además, que todas deben contar con su visto bueno para ser debatidas.

El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, ya descartó la transferencia en la reunión de la semana pasada con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cediendo en compartir ciertos aspectos de la titularidad de la AP-9 con el Ejecutivo gallego. El Gobierno alega que pertenece a la red estatal de carreteras para no transferirla, como pidió unánimemente el Parlamento gallego, a pesar de que dos vías similares sí pasaron a manos de Euskadi y Cataluña. Feijóo, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de tratar de obtener su titularidad.

Ayer volvieron a producirse choques políticos alrededor del asunto. En el Parlamento gallego, los populares apoyaron una proposición no de ley de En Marea para "instar" al Ejecutivo central a respetar la "voluntad democrática" de Galicia. Sin embargo, frenaron, gracias a su mayoría absoluta, otra similar del BNG, que incorporaba la petición de rescatar la AP-9 con fondos públicos en lugar de destinarlos a asumir las radiales madrileñas en quiebra. Sellar la transferencia no supone asumir el rescate de la vía, cuya concesión finaliza en 2048, y acabar con los peajes.

Antón Sánchez, de En Marea, cargó contra lo que entiende doble postura del PP, al que afeó "vetar" la iniciativa gallega en el Congreso "de forma mentirosa", en alusión a cifrar en 4.000 millones de euros el rescate de la AP-9, que no sería una decisión automática posterior a la transferencia. Mientras, añadió Sánchez, "van a gastar 5.000 millones en rescatar las radiales madrileñas".

El popular Martín Fernández rechazó comparar ambos casos, recordando que la administración asume una responsabilidad en caso de la quiebra en Madrid por contrato y matizó que el Ejecutivo de Rajoy solo "condiciona" el debate sobre el traspaso a "informes más altos". Aun así, pidió que no se impida la cesión.

Críticos con el PP fueron también en la Cámara gallega Raúl Fernández (PSdeG), que denunció una "traición al Parlamento" de Feijóo, y Luís Bará (BNG), que tachó de "estafa" la postura del PP en el Congreso.