El empresario coruñés Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la operación Zeta, que investiga un supuesto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación, se sentará mañana por segunda vez ante la juez instructora. En la primera ocasión, en febrero de 2015, se negó a prestar declaración porque faltaba un informe de la Agencia Tributaria sobre su patrimonio y la cantidad de dinero que presuntamente defraudó. Su defensa todavía no ha tenido acceso al documento, pero en esta ocasión, el supuesto líder del entramado, en el que hay 55 investigados, responderá a algunas preguntas. El sospechoso mantiene que organizó los cursos de formación para los que recibió ayudas, principalmente de la Xunta y del Estado, entre 2008 y 2012, algo que contradice las conclusiones de los investigadores.

Los agentes especializados en delitos económicos encargados de la Zeta concluyeron que los miembros de la presunta trama llegaron a constituir asociaciones con el único objetivo de apoderarse de subvenciones. De hecho, según el sumario, algunas de las entidades inventadas carecían de socios, pero los sospechosos falsificaban los datos para conseguir que cumpliesen los requisitos exigidos por las administraciones públicas para percibir las ayudas. Los participantes en el "complejo entramado delictivo", como lo calificó la juez instructora en un auto, aparentaban impartir clases de formación para desempleados y autónomos, muchos de ellos discapacitados, para hacerse con las subvenciones millonarias que después repartían e incorporaban a sus patrimonios.

Crespo presentará esta semana ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que es la que dirige la investigación, un informe elaborado por la federación que agrupa a los empresarios de academias de España. El documento explica cómo operaban las empresas que recibían subvenciones para impartir cursos de formación. La defensa de Crespo, además, aportará los gastos que tenían en personal las entidades que dirigía para intentar demostrar que contrataba a trabajadores para ejecutar todos los cursos.

El jueves, 15 de diciembre, está citado para declarar otro de los supuestos líderes de la organización dedicada a defraudar ayudas públicas, Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype). Al igual que Crespo, la primera vez que fue citado se acogió a su derecho a no testificar.

Las entidades implicadas en la presunta trama recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias, principalmente de la Xunta y el Estado. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones. Entre los investigados figuran, además de Crespo y Calviño, las dos mujeres de ambos, así como otros empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PSOE-BNG y del PP. La mayoría de los sospechosos se negaron a testificar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 y atribuyeron su silencio al desconocimiento de un informe de la Agencia Tributaria sobre todas las operaciones fiscales relacionadas con los cursos y las asociaciones implicadas en la organización, presuntamente dirigida por Crespo y Calviño.