El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pasó ayer revista a las actuaciones del Gobierno central en Galicia durante una reunión de algo más de una hora con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sede noble de Raxoi. Dos fueron los principales asuntos abordados. Por una parte, la petición de transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, que quedó aparcada sine die, pero a cambio Fomento permitirá que el Ejecutivo gallego participe en la gestión diaria de la autopista a través de una comisión bilateral "al más alto nivel". Y por otra, se analizó el estado de las obras del AVE gallego, con el resultado de que el plazo de conclusión, en 2018, queda ahora en el aire debido a las "dificultades técnicas" aparecidas en 18,5 kilómetros del trazado repartidos entre cinco tramos. "No vamos a cejar en el empeño, pero no estoy en condiciones, siendo realistas y prudentes, de hablar de un plazo concreto", indicó el ministro, quien eludió poner nuevas fechas a la entrada en funcionamiento del AVE que conectará Galicia con Madrid.

De la Serna precisó que el motivo del retraso son los problemas de construcción surgidos en cinco tramos entre Taboadela (Ourense) y Pedralba (Zamora) a los que no se pudo hacer frente porque el último año el Gobierno estuvo en funciones debido a la situación de bloque de la política nacional. "Fue casi un año perdido", dijo. Al estar limitadas su funciones, el Ejecutivo no podía aprobar los modificados (incremento del presupuestos por dificultades sobrevenidas) o desatascar determinados trámites administrativos.

En las últimas semanas, según dijo, los problemas se resolvieron en tres puntos, pero en otros dos todavía continúan, concretamente en el tramo de 2,3 kilómetros entre Portocamba y Cerdedelo -que contempla un doble túnel enlazado con un viaducto y con un presupuesto de 116 millones de euros- y en el nuevo túnel de Padornelo, cuya perforación se terminó el pasado mes.

Tras destacar que el "parón" de un año sin un gobierno con plenas funciones ha provocado un impacto sobre el ritmo de ejecución del AVE, el ministro apeló "a la prudencia y al realismo" para evitar confirmar la fecha de conclusión y emplazó al primer trimestre del año para ofrecer un nuevo calendario tras evaluar con detalle el estado de las obras. En todo caso, aseguró que el Gobierno está plenamente comprometido con el AVE gallego porque así además es el criterio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Feijóo, por su parte, ensalzó la sinceridad de De la Serna y su apuesta por ajustarse a la realidad. "Yo no voy faltarle a respeto a los gallegos dando fechas que no son las correctas. Agradezco al ministro su sinceridad y la confirmación de que el AVE sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España. así como que nos diga la verdad", terció el titular de la Xunta.

No obstante, al margen de los cinco puntos donde hay problemas, en el tramo de 17 kilómetros entre Taboadela y Ourense a día de hoy no se ha movido todavía una palada de tierra porque el proyecto está sin licitar.

La situación de la AP-9 fue otro de los grandes asuntos abordados en la reunión. Su transferencia a Galicia no solo la demanda la Xunta, sino que todo el arco parlamentario está de acuerdo con esta reivindicación, que de hecho elevó la demanda al Congreso para su tramitación. Pero el Gobierno central -tanto en el pasado con el PSOE como ahora con el PP- rechaza su traspaso, pues considera que esta autopista forma parte de la red estatal de carreteras y que debe seguir manteniendo su titularidad, como ayer recordó de nuevo Íñigo de la Serna.

No obstante, el ministro coincide con la Xunta en que la gestión de la AP-9 resulta "francamente mejorable", por lo que propuso que la Administración autonómica participe en la gestión diaria de la autopista, en todas las decisiones, mediante una comisión bilateral "de alto nivel" con capacidad ejecutiva y no solo institucional y con cadencia de reuniones cada tres meses.

De hecho, la primera sería ya en enero con dos puntos en el orden del día: licitar con carácter inmediato, ya en 2017, el acceso desde la AP-9 a la Cidade da Cultura de Santiago y eximir a la Xunta de su aportación anual de 6 millones de euros para bonificar el peaje entre Vigo y Rande y entre A Coruña y Barcala. En el futuro, será el Gobierno central el que corra con todo el gasto, ya que se trata la AP-9 de una vía de titularidad estatal.

Feijóo recordó que la Xunta llevar invertidos unos 52 millones en estas bonificaciones y que el ahorro, a partir de ahora, de esos 6 millones de euros, los destinará a mejorar las infraestructuras viarias, "muy especialmente la autovía de O Morrazo".

El presidente gallego destacó que se trata de un "acuerdo histórico" y que la Xunta y el Estado han avanzado "más que nunca" sobre la AP-9, pero que el Ejecutivo autonómico no renuncia a seguir reclamando la transferencia de la titularidad de la autopista.

Nada dijeron sobre la demanda para paliar el ruido del tráfico de la AP-9 en la entrada en Vigo, aunque el ministro aseguró que ya se gastaron 120 millones en la ampliación de Rande y en la circunvalación de Santiago y que se van a cumplir los plazos previstos por la concesionaria en cuanto a su conclusión.