Después de reordenar las consellerías en octubre del año pasado, entregando, entre otros cambios, a Economía las competencias sobre Empleo y desgajando Mar de Medio Rural, la Xunta sufrirá un nuevo reparto de funciones en la legislatura recién comenzada. La Axencia da Industria Forestal Galega asumirá las competencias vinculadas al aspecto económico del monte, campo de trabajo que perderá Medio Rural, que se limitará a la ordenación del monte y la lucha contra el fuego.
El cambio fue anunciado ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Consello, si bien falta todavía tiempo para que se plasme. El primer paso será incorporar una ley para crear el citado organismo a la Ley de Acompañamiento, un cajón de sastre de normas que se tramita al mismo tiempo que los presupuestos. Casi con toda seguridad no será la única modificación legal que incluya. "Es probable que contenga más decisiones", reconoció Feijóo.
Una vez entre en vigor, todavía restarán meses hasta su puesta en marcha, pues deberá aprobarse un reglamento especificando sus funciones, como a quién competerá primar la plantación de especies forestales, aspecto vinculado a la explotación económica, pero también a la ordenación del territorio.
"Se necesita auditar el mejor planteamiento en la letra pequeña, pero en letras grandes, los recursos dependerán de Economía y la ordenación y política antiincendios, de Medio Rural", resumió Feijóo sobre un área económica que da empleo a 70.000 personas en Galicia.
El Ejecutivo también acelerará una medida que ya ha practicado en los últimos ejercicios para mejorar la liquidez de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Adelantará el pago de 102,7 de los 170 millones de euros de la Política Agrícola Común (PAC), un incremento del 57% respecto a los anticipos de 2015, que ascendieron a 65,7. Aprovecharán esta ventaja unos 26.000 ganaderos o agricultores de los 30.000 que recibirán fondos comunitarios.
Para cobrarlos, se debe pasar una serie de exámenes sobre las condiciones de su explotación. El resultado es enviado por la Xunta a Bruselas para recibir el visto bueno y tramitar el pago, proceso que ralentiza la percepción del dinero para un sector en situación delicada ante, por ejemplo, el bajo precio de la leche.
Los anticipos beneficiarán en casi 10 millones a 2.856 personas en Pontevedra; en 50, a 11.073 de Lugo; en 35,4, a 9.164 de A Coruña; y en 7,3 a 2.818 de Ourense.
No fue la única medida aprobada ayer en el terreno del sector primario, al que priorizará en durante su mandato la actual Xunta, de acuerdo con la promesa de Feijóo en su investidura. Medio Rural aprobó ayer las estrategias de los 24 grupos de desarrollo rural (GDR) que financiará el plan Leader y que supondrán entre 3 y 5 millones para cada uno. En total, 84.
Por otro lado, Economía inyectará cuatro millones en 21 programas de entidades sin ánimo de lucro para facilitar la inserción laboral de 1.725 desempleados.
Además, la Xunta constituirá la Axencia Galega da Calidade Alimentaria para potenciar la marca "Galicia Calidade", concentrando en ella departamentos como el Ingacal o los centros de investigación de Medio Rural.
