Cada día, durante los ocho primeros meses del año, un adulto pasó a depender, en mayor o menor grado, de la Xunta, que ejerció su tutela, velando por su salud y el cuidado de sus bienes. El desarraigo familiar, los trastornos mentales, avivados por la crisis económica, y el envejecimiento progresivo de la sociedad gallega han acentuado poco a poco esta situación hasta superar la barrera de los tres mil casos por primera vez desde 1997, fecha en que el Ejecutivo comenzó a asumir el cuidado de personas incapacitadas para valerse por sí mismas. Entonces, apenas gestionaba el día a día de 69 ciudadanos. Al cierre de agosto, se trataba ya de 3.075, según las estadísticas de la Consellería de Política Social.
El incremento de situaciones de desamparo se ha visto potenciado por el declive poblacional, que el año pasado se cerró con otra inédita cifra: el peor saldo demográfico desde que existen estadísticas, con un balance negativo de 12.269 personas entre nacidos y muertos. Además, ante un interior que agoniza se ha agudizado el éxodo de los más jóvenes hacia ámbitos urbanos en busca de mejores oportunidades laborales. La Consellería de Traballo e Benestar ya preveía este aluvión de casos hace dos años, cuando alertaba de un incremento de esa tendencia al alza de las tutelas "cuando menos a corto o medio plazo", según su memoria de aquel año incorporada a los presupuestos.
Aquel ejercicio se cerró con 2.775 tutelas de mayores de edad, por las 2.995 del año pasado, según las cifras manejadas por la Fundación Galega para a Tutela de Personas Adultas (Funga).
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La radiografía de los expedientes muestra la repercusión de la recesión sobre la salud mental de personas de entre 25 y 50 años arrastradas por el hundimiento económico, pero también sobre la incapacidad familiar para hacerse cargo de personas de edad avanzada.
Los 3.075 casos no resultan iguales entre sí, pues existen diferentes categorías de tutela en función de la incapacidad de la personas afectada para gobernar su vida. Las tutelas totales son 1.765 en estos momentos y en ellas, la administración, a través de la Funga, dispone de plenos poderes incluso sobre los bienes y cuentas bancarias.
Diferentes tipologías
Sin embargo, cualquier decisión debe estar validada por un magistrado, pues es una orden judicial la que dictamina que una persona está incapacitada, aplicando la Ley de Enjuiciamiento Civil: determina si esta no puede discernir por sí misma, bien de forma permanente, bien por una dolencia temporal, y carece de familiares que puedan cuidarlos y velar por sus intereses. El magistrado también decide qué tipo de modalidad de control ejercerá la administración. En 167 casos la Funga se encuentra en situación de pretutela, en la que movimientos bancarios o venta de bienes, pero también decisiones sobre la salud, dependen de la administración de forma temporal. Además, existen otros 40 expedientes relativos específicamente a gestión de propiedades.
En segundo lugar, destacan los casos de defensas judiciales, con 667 expedientes. La Funga se encarga de representar al incapacitado en un proceso judicial, por lo que la tutela se ejerce durante el tiempo que establece el magistrado. En tercer lugar se encuentran las curatelas, con 287 casos en que la incapacidad está restringida a algún campo específico.
Además, la Funga se encuentra también involucrada en 104 casos de tutelas de personas fallecidas durante este año. Siguen formando parte de las estadísticas porque debe velar por la gestión de su legado o por cuentas pendientes. Hasta que todos los asuntos quedan cerrados, la administración se mantiene involucrada.
Los 45 casos restantes no están especificados en las estadísticas que maneja el departamento que dirige José Manuel Rey desde octubre del año pasado.
