El pasado lunes falleció una mujer de 81 años en Reus (Tarragona) en un incendio causado por una vela con la que se alumbraba después de que le fuera cortado el suministro eléctrico. Es una víctima de la llamada pobreza energética, que alude a las familias que para mantener sus viviendas con la temperatura adecuada deben destinar al pago de los recibos de la luz y el gas más del 10% de sus ingresos. Diversos estudios sitúan entre el 7% y el 14% el alcance de la pobreza energética en Galicia, pero solo una pequeña parte accede a las ayudas de la Xunta para afrontar las facturas. No obstante, los beneficiarios de estas prestaciones se han disparado en el último año, duplicándose, hasta llegar a los 5.900 hogares entre las dos modalidades de ayudas que concede la Administración autonómica.
Porque la carencia en sí no da acceso directo a las ayudas, sino que el límite lo marca un determinado nivel de ingresos, que oscila entre los 6.390 y los 9.585 euros anuales en función de la prestación a la que se recurra.
Hasta diciembre de 2015 habían recibido estas ayudas 2.900 hogares, pero en lo que va de año se sumaron otros 3.000, según los datos facilitados por la Consellería de Economía e Industria.
El llamado ticket eléctrico social arrancó a principios de 2014 y consiste en una prestación de hasta 300 euros anuales para contribuir al pago del recibo de la luz. Para tener derecho a esta subvención hay que residir en Galicia, convivir con menores de 18 años o personas con discapacidad y los ingresos totales deben ser inferiores a 1,5 veces el Iprem (9.585 euros anuales). Las familias beneficiarias alcanzan casi las 5.000, de las que 2.200 se han accedido en lo que va de año.
La segunda pata del programa es un pago de hasta 200 euros para afrontar dos mensualidades del recibo de la luz y así evitar la interrupción del suministro. A los 100 hogares que se beneficiaron a finales de 2015 -cuando se puso en marcha el plan-, entre enero y octubre de este ejercicio se incorporaron otros 800. En este caso, los requisitos para acceder a las ayudas es que los ingresos no superen los 6.390 euros anuales y que la familia tenga un aviso de corte de luz por impago del recibo.
Al margen de las intervención de la Xunta, los concellos y entidades benéficas como Cáritas o Cruz Roja también contribuyen con fondos para ayudar a los hogares con dificultades para pagar las facturas.
Precisamente, el Parlamento acaba de retomar una iniciativa legislativa popular avalada por 17.000 firmas para regular pobreza energética en Galicia, definiéndola como la situación en que un hogar debe destinar más del 10% de sus ingresos a pagar los recibos de la luz y el gas, calculándose para ello los gastos teóricos de energía para mantener la temperatura de una vivienda entre los 18 y los 21 grados.
En esa proposición de ley -que el PP aceptó tramitar pero con la que no comparte algunos de los preceptos- aboga por que la Xunta asuma los gastos de gas y electricidad de las "personas vulnerables en riesgo de pobreza energética", previo aviso de corte del suministro y un informe de los servicios sociales municipales.
Sobre esto, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, asegura que la Xunta mantendrá sus dos programas de ayudas, pero que estará dispuesta "a estudiar medidas complementarias con las que ya existen", si bien recuerda que la iniciativa legislativa aún no inició su tramitación.
Los concellos piden que las eléctricas les avisen con tiempo sobre la interrupción del suministro
- La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha urgido poner en marcha mecanismos para evitar cortes de luz a personas en situación de riesgo para lo que solicitará una reunión urgente con la Consellería de Política Social para impulsar un protocolo de colaboración entre las administración locales y la autonómica.Según ha informado la Fegamp en un comunicado, para la elaboración de este protocolo, el ente municipalista se pondrá en contacto también con las propias compañías energéticas suministradoras.El presidente de la Fegamp, Alfredo García, lamenta casos como el ocurrido esta semana en Reus (Cataluña), en donde una anciana a la que le cortaran la luz falleció en un incendio originado por una vela."Por desgracia son muchos los vecinos a los que les es imposible hacer frente a los gastos de la factura y no saben cómo actuar. Los ayuntamientos hacemos lo que está en nuestra mano para ayudarles, siempre y cuando tenemos conocimiento de esas situaciones de riesgo", apuntó.Es por ello por lo que el presidente de la Fegamp apela a la "responsabilidad de las compañías eléctricas para que colaboren con los servicios sociales de los municipios, notificándoles con tiempo cuando vayan a efectuar un corte de luz en una vivienda". Sostiene que este mecanismo de información "resultan necesarios y beneficiosos para todos".Alfredo García también recuerda a las personas en dificultades que pueden contar con los servicios sociales municipales. "Esta misma semana trasladaremos la cuestión a la Consellería de Política Social, ya que consideramos que encaja en la programación de la Axenda Social de Galicia, en la que colaboramos con anterioridad", indicó.
