Los datos macroeconómicos apuntan que Galicia se acerca al cumplimiento de la previsión de la Xunta de cerrar este año con un crecimiento del 3% de su riqueza, pero otro microdato apunta que existe una bolsa de damnificados por la crisis crónica a los que les cuesta abandonar esa zona de exclusión y dependencia de las ayudas públicas para llegar a fin de mes. La cifra de ciudadanos que recibieron la renta de integración social (Risga) durante algún período entre enero y octubre asciende a 13.371, apenas 1.379 menos que durante todo el año pasado, según el balance de la Consellería de Política Social. Con este ritmo, los beneficiarios de esta ayuda que de media aporta 430 euros mensuales a personas con ingresos por debajo de esa cifra batirán un nuevo récord superando la barrera de los 16.000, en contrate con los síntomas de recuperación que ofrece la economía.
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordó estos días la necesidad de atender a quienes más han sufrido los embates de la crisis económica y ofrecer soluciones no solo a quienes carecen de empleo, sino a quienes trabajan, pero su salario no les permite llegar a fin de mes.
El balance provisional del departamento dirigido por José Manuel Rey Varela muestra la cronificación de algunas situaciones de exclusión social debido a la crisis. En 2009, recibieron esta ayuda 8.791, cifra que no dejó de crecer hasta las 15.619 de 2013, el máximo histórico en la comunidad. Un ejercicio después, la cifra descendió a 13.919, marcando, a pesar de ello, la segunda cifra más alta. El año pasado repuntó de nuevo: 14.750.
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Esos datos se refieren a las personas que en algún momento del año percibieron ese cheque social, pero no significa que a lo largo de los doce meses estuviesen percibiéndola, pues en algunos casos se trata de familias que entran y salen del sistema. En todo caso, esta problemática ha abierto un agujero en las cuentas del Ejecutivo, que ha pasado de dedicar a esta partida 22,8 millones de euros hace siete años a más de 53, elevando el presupuesto cada ejercicio.
Las solicitudes también apuntan a cerrar el año con un máximo histórico, aunque con menor crecimiento. Hasta el 31 de octubre, la Xunta recibió 5.819 peticiones, lo que ofrece una proyección final de casi 7.000 expedientes. El año pasado se cerró con 6.512, apenas cuatro más que 2014 y lejos de las 7.704 de 2013.
Reforma pendiente
Uno de los grandes problemas de la población que recurre a esta ayuda radica en los retrasos sufridos. El año pasado, la Xunta tardó de media seis meses en abonar la paga a quien cumplía los requisitos, tres veces más del tope legal. Política Social responsabilizó a los concellos, encargados de la primera fase de gestión y en muchos casos desbordados por la demanda. El departamento preparaba un decreto antes de las elecciones para recortar las esperas. También queda pendiente de la legislatura pasada el desarrollo de la nueva Risga, que permitirá compatibilizarla con trabajos esporádicos durante un tiempo.
