Con la entrada en vigor hace ya casi nueve meses del Registro Central de Delincuentes Sexuales -un sistema con los datos de aquellas personas condenadas en firme por este tipo de delitos- se impuso también la obligatoriedad a todos los ciudadanos con un trabajo que suponga contacto habitual con menores de acreditar la carencia de antecedentes en ilícitos de naturaleza sexual. El abanico de profesiones es muy amplio y buena prueba de ello es la avalancha de solicitudes registradas para obtener el documento que permite atestiguar la ausencia -o en su caso la existencia- de este tipo de condenas. El Ministerio de Justicia ya emitió en Galicia más de 32.000 certificados, cifra en que en toda España supera los 1,2 millones. La práctica totalidad acreditaban, efectivamente, que la persona que lo solicitaba no tenía sentencias por delitos de índole sexual: solo en un 0,03% de los documentos instados se observó que el solicitante sí tenía antecedentes.
El Registro Central de Delincuentes Sexuales es una base integrada en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia donde se incluyen los datos relativos a la identidad y el perfil genético (ADN) de las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual (agresión sexual, abusos, acoso, exhibicionismo...) y por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. En todos los casos con independencia de la edad de la víctima. Al mismo tienen acceso los juzgados -a través del personal de la oficina judicial autorizado-, la Fiscalía y la Policía Judicial de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.
¿El objetivo? Junto al de facilitar la prevención, investigación y persecución de estos delitos, señala en ministerio, el fin es el de "proteger" a los menores de este tipo de conductas, con lo que el registro central se constituye como un "mecanismo de prevención" para que aquellas personas sentenciadas por estos ilícitos "no puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios" que impliquen el contacto habitual con menores. A la fecha de entrada en vigor de esta base -el 1 de marzo de este año- constaba que en toda España había un total de 40.782 condenados por delitos sexuales. En el caso de Galicia, la cifra es de 1.981 -1.896 adultos y 85 menores-, lo que la sitúa como la sexta comunidad con más sentenciados por este tipo de ilícitos, superada por Andalucía -7.600 condenados-, Cataluña -6.164-, Valencia -5.053-, Madrid -4.141- y Canarias -2.195-.
Numerosas profesiones
Con la entrada en funcionamiento de este registro, todas aquellas personas que ejercen o vayan a ejercer una profesión que implique estar de forma habitual con menores deben obtener el certificado que acredite que carecen de antecedentes de delitos sexuales. Profesores, monitores, animadores, personal de guarderías, pediatras, entrenadores de clubs deportivos, etcétera, están por tanto obligados a certificar que no tienen ninguna condena de estas características. En toda España, entre ese 1 de marzo y el 31 de agosto se emitieron más de 1,2 millones de certificados, mientras que en el caso concreto de la comunidad gallega, según informaron fuentes de Justicia, el número en las mismas fechas superó los 32.000.
La cifra, según advierten las mismas fuentes, se presume sin embargo todavía mayor, ya que en los datos facilitados no se incluyen aquellos que se pidieron a través de internet o en otro tipo de administraciones, como pueden ser consellerías de la Xunta o en los concellos: el de Vigo, el de Moaña o el de Pontevedra son algunos de los de Galicia que ofrecen el servicio para iniciar los trámites para obtener el certificado. De esos más de 32.000 certificados de los que se tiene constancia que hubo en Galicia, casi 14.000 se hicieron a través de la Plataforma de Intermediación de Datos -las administraciones públicas pueden solicitar el referido documento por esta vía con autorización previa del trabajador-, mientras que el resto -más de 18.000- fueron solicitados directamente por los ciudadanos en la Gerencia Territorial de Galicia de Justicia.
Diferentes vías para obtener un documento clave
- El Ministerio de Justicia habilitó varios canales para solicitar el certificado necesario para ejercer una profesión con contacto con menores, para acreditar que se carece de antecedentes penales en delitos de materia sexual. El documento es gratuito.| De forma telemática. Los trabajadores pueden solicitar el certificado por internet a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. Para hacer la petición telemática deben disponer de un certificado digital de usuario válido, como un DNI electrónico.| De forma presencial. Otra de las vías para hacerse con el certificado es en los registros de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno o en registros de órganos administrativos que pertenezcan a la Administración General del Estado, de las comunidades o de administraciones locales. También hay la posibilidad de solicitar el documento por correo postal.| Empresas y administraciones. Las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden pedir el certificado negativo -el que acredita que se carece de antecedentes- de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos. A su vez, las administraciones públicas también tienen la capacidad de instar el documento, asimismo con la autorización previa de sus empleados, de forma directa a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta vía, muy utilizada, agiliza la tramitación, según destaca Justicia.
