La crisis económica obligó a un tijeretazo constante de las cuentas públicas desde 2010, pero también impuso un corsé a los ayuntamientos y diputaciones, a pesar de cargar con mucho menos déficit que las comunidades autonómas. Sin embargo, la salud financiera de muchos de ellos les permite usar desde hace cuatro años una vía legal de inversión en obras con que sortear la falta de presupuesto o las dificultades de aprobar cambios de partidas de gasto, en caso de que gobiernen en minoría. Se trata de la fórmula de inversiones "financieramente sostenibles", que el año pasado permitió a 74 concellos y a las cuatro diputaciones destinar 81 millones de euros a obras como alcantarillado, parques, saneamiento, alumbrado, sociedad de la información u ordenamiento del tráfico. Es más del triple que la cifra de 2014, cuando se alcanzaron los 25,9.
En el año 2012, el Gobierno central del PP introdujo un cambio legal para abrir una posibilidad de elevar sus inversiones a las entidades locales con mejor salud financiera. No les inyectaría fondos extra, sino que les permitiría gastar su superávit o su remanente de tesorería en una serie de apartados que consideraba "inversiones financieramente sostenibles". Ese recoveco legal permite a gobiernos locales en minoría elevar su gasto si tienen capacidad para ello, sorteando incluso una situación de bloqueo de la oposición en un pleno o la falta de cuentas anuales, por ejemplo, si estas habían sido prorrogados.
Para gozar de esta libertad de movimientos extra, los municipios o diputaciones deben cumplir una serie de requisitos y recibir autorización del Ministerio de Hacienda, el policía de las cuentas públicas. En primer lugar, deben ajustarse a los límites de endeudamiento. En segundo, deben contar en el ejercicio anterior superávit y remanente de tesorería positivo para gastos generales. En tercero, con ese balance contable favorable deben haber saldado sus deudas a proveedores y ajustarse al límite máximo de tiempo de pago y cancelar las deudas anteriores. Solo así podrá elevarse la inversión en determinados capítulos considerados "financieramente sostenibles", por entender estos que "contribuyen al crecimiento económico a largo plazo", según la definición de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
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Lugo, Lalín y Oleiros
Este mecanismo permitió a 74 concellos invertir 21,35 millones, mientras que las cuatro diputaciones gallegas hicieron lo propio hasta los 59,2, de acuerdo con el balance del año pasado elaborado por Hacienda, que, a partir de ahora, no asumirá las tareas de Administraciones Públicas. Los datos destacan que la media de inversión de los concellos rozó el millón de euros -la cuarta media más alta-, pero solo informa de aquellos que superan los 1,5. Se trata de Lugo (2,8), Lalín (2,2) y Oleiros (1,7), únicos gallegos de los 32 que franquean esa barrera en España.
En cuanto a los organismos provinciales, Hacienda informa solo de los que superan los 5 millones. Pontevedra es la tercera más inversora de España, con casi 37 millones, solo superada por los 76,4 de Barcelona y los 42,1 de Sevilla. La de A Coruña destinó 14,7 y la de Ourense, 5,3.
En 2014, fueron 46 concellos los que accedieron a este permiso de inversión para dedicar 9,9 millones a obras "sostenibles", mientras que solo dos diputaciones pudieron hacer lo propio rozando los 16 millones. De ellos, más de 15 los invirtió la Diputación de Pontevedra.
Más municipios autorizados en España, pero 79 millones menos de desembolso
- La vía de la "inversión financieramente sostenible" constituye un termómetro de la salud económica de los entes locales y el saldo de 2015 muestra un resultado positivo, pero con signos de interrogación en los municipios.1.005 entidades locales -974 ayuntamientos y 31 diputaciones- fueron autorizadas para invertir 663,5 millones tras haber solicitado un volumen total de 1.046. El aumento queda lejos del de Galicia, que supera el triple de 2014, pero resulta significativo, al pasar de 557 millones a los citados 663,5.Sin embargo, la cifra específica de ayuntamientos se reduce al pasar de 358 millones para 729 ayuntamientos a 284 millones para 974 consistorios: más municipios con salud financiera, pero menor importe de inversión. En las diputaciones, suben los beneficiarios -de 29 a 31- y el montante -de 199 millones a 378,8-.El objeto de las inversiones son, en su mayor parte, mejora de las vías públicas, gestión de patrimonio y abastecimiento de agua, según el balance de Hacienda. La primera partida copa 183,4 millones del total de inversión en España, por 141,2 de carreteras; 90,6 de rehabilitación patrimonial; y 48,2 de la red de agua.La salud económica de los concellos será también la única forma que tendrán para aumentar su gasto presupuestario, decisión que dependerá de si mejoran los ingresos al estar sin aprobar los presupuestos estatales. Por ello, Hacienda congela las transferencias a la administración local y solo permitirá gastar más con más recaudación propia.
