La Xunta ha frenado la nueva inspección dirigida a todos los edificos de más de 50 años de la comunidad autónoma debido a que esta medida, que deriva de una norma estatal, está afectada por una sentencia del Tribunal Constitucional. El Gobierno pretende que los inmuebles de más de medio siglo de antigüedad pasen por un informe de evaluación (IEE), distinto a la actual revisión técnica (ITE) a la que ahora solo están obligados los municipios de más de 25.000 habitantes, y que analice no solo la conservación estructural de la construcción sino también la accesibilidad y la eficiencia energética. Corresponde, sin embargo,a cada comunidad autónoma elaborar la regulación específica de estos controles. Y en Galicia todavía no se ha aprobado la misma, aunque se estaba trabajando en su desarrollo normativo. Sin embargo, la decisión del Constitucional de aceptar el recurso por invasión de competencias autonómicas presentado por Cataluña ha paralizado los trabajos. "Se está viendo la manera de desarrollar la norma", explican desde la Consellería de Infraestruturas.
En otras comunidades como Valencia, Murcia o Castilla La Mancha ya cuentan con regulación para poner en marcha el informe de evaluación de edificios. Y puesto que como el Constitucional da la razón a Cataluña al determinar que las revisiones de edificios son competencia autonómica y no estatal, los juristas entienden que las normas ya aprobadas en estas comunidades seguirán vigentes. Otra cosa es lo que pase con las otras autonomías que aún no contaban con regulación específica, como la gallega.
El nuevo Informe de Evaluación de Edificios fue impulsado por un Real Decreto estatal en junio de 2013 y, según el calendario progamado, todos los edificios antiguos tendrían que haber superado este examen antes de junio de 2018. Pero la sentencia del Constitucional invalida la norma estatal al considerar que invade competencias de las comunidades. Galicia frena, por esta razón, su desarrollo normativo y al no existir una regulación autonómica al respecto, las comunidades gallegas de propietarios se librarán, al menos de momento, de pasar por esta inspección, que además tendrían que costear de su bolsillo. El desembolso rondará los 1.000 euros de media, aunque el importe variará en función de la superficie del inmueble.
El decreto estatal obligaba a pasar por este control, mucho más amplio y más caro que la ITE, a todos los edificios que hayan cumplido 50 años antes de junio de 2013. Y después deberán repetirlo al pasar diez años. Las comunidades podrían introducir modificaciones en sus regulaciones, aunque solo para introducir criterios más restrictivos, como exigir una antigüedad menor -de cuarenta años, por ejemplo- o que el periodo de revisión sea inferior a diez años.
Al quedar en suspenso esta norma por la sentencia del Constitucional, solo quedan obligados a realizar este informe de evaluación aquellos edificios que quieran acceder a subvenciones del Ministerio de Fomento para rehabilitación o reformas, puesto que es uno de los requisitos obligados para beneficiarse de las ayudas.
