La prórroga de los presupuestos del Estado enviada por España a Bruselas el pasado sábado ata de pies y manos al Gobierno, que el próximo año tendrá que reconducir las partidas de gasto aprobadas para este ejercicio y no podrá emprender nuevas iniciativas. Sin unas cuentas generales para 2017, el nuevo Ejecutivo deberá aparcar los retoques económicos previstos, incluidos los fiscales. Esta situación tendrá consecuencias también en los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos es el IBI y su alza ha permitido durante los años de crisis a la mayoría de las administraciones locales inyectar más fondos a su cada vez más mermadas arcas municipales. La falta de presupuestos para el próximo ejercicio tendrá una lectura positiva para el bolsillo de los ciudadanos, ya que en el caso de Galicia los contribuyentes de un total de 70 municipios gallegos -13 de la provincia de A Coruña, 14 de Lugo, 35 de Ourense y 8 de Pontevedra- podrían salvarse de la revisión de los coeficientes de la llamada contribución, ya que la actualización de los valores catastrales, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de octubre en la publicación del listado de ayuntamientos a los que Hacienda autorizó esa revisión para 2017, está sujeta a lo que "determine" la Ley de Presupuestos Generales del próximo año.

Pero de momento, al estar en funciones el actual Ejecutivo, no se ha empezado a tramitar el nuevo proyecto de presupuestos. Y, en el mejor de los casos, si hubiese ya gobierno en noviembre, tampoco daría tiempo a que estuviese aprobado antes del 1 de enero de 2017, de manera que se verán obligados a prorrogar temporalmente las cuentas de 2016 hasta que esté listo el nuevo texto.

En este escenario de incertidumbre el Ejecutivo de Rajoy trabaja con un escenario de prórroga de presupuestos, tanto en las entregas a cuenta que percibirán las comunidades autónomas como en el plan presupuestario para 2017 que fue enviado a Bruselas.

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En la lista de ayuntamientos a los que Hacienda ha dado el visto bueno para la revisión de coeficientes catastrales figuran un total de 2.452, un total de 70 de la comunidad gallega. Para obtener el OK del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro se exigía que no se hubiera afrontado revisión catastral alguna en los últimos cinco años. Es decir, la última tendría que haberse llevado a cabo en 2012. Además, Hacienda exige la existencia de discrepancias notables entre los actuales valores de mercado y los que existían cuando por última vez se calcularon los coeficientes. Desde Hacienda, apuntan que las revisiones de los valores catastrales no necesariamente tienen que suponer un mayor desembolso para los contribuyentes ya que habrá municipios en los que la revisión que se aplique sea a la baja. En el caso de los municipios en los que el IBI permaneció intacto desde antes del estallido de la crisis, la actualización beneficia al bolsillo de los contribuyentes ya que gran parte de los inmuebles han perdido valor real desde el año 2008. Sin embargo, los ayuntamientos que revisaron los valores catastrales en plena caída de los precios de la vivienda podrían aumentar los coeficientes catastrales.