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Los inquilinos de pisos de protección adeudan a la Xunta 58 millones

Se trata de dinero por cuotas impagadas de "dudoso cobro" que el IGVS da por perdido y tiene que provisionar en sus cuentas

La política contra los desahucios de la Xunta tiene su coste para las arcas autonómicas más allá de los gastos derivados de las ayudas destinadas a aliviar las cargas de las familias con menos recursos que se ven con un pie fuera de sus viviendas. Con la irrupción de la crisis, muchos beneficiarios de viviendas de promoción pública se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas de la hipoteca, los alquileres y hasta la comunidad de vecinos por la falta de ingresos. Y para evitar que estas familias se fueran a la calle, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) decidió asumir sus deudas, a pesar de la previsión de que iba a resultar complicado poder saldarlas. Estas deudas de dudoso cobro ascendían 31 de diciembre del pasado año a 58,607 millones de euros, según se recoge en la cuenta general de la comunidad autónoma.

La cantidad es un 7% superior a la registrada justo un año antes, cuando el volumen de impagos ascendía a 54,722 millones de euros, contando como tales solo aquellos para los que ha transcurrido más de doce meses desde la emisión de la factura o recibo.

Aunque detallar la procedencia de estos 58 millones de "dudoso cobro" resulta complejo, el grueso procede de los impagos en las viviendas de promoción pública, tanto de aquellas que están en alquiler como de las adjudicadas en régimen de propiedad.

Las viviendas de promoción pública están destinadas a familias con pocos ingresos y por esta razón han sido también las más vulnerables durante la crisis. Cualquier perturbación en los ingresos descuadraba sus gastos. Al comenzar los impagos, la Xunta se comprometió a tratar de evitar los desahucios y buscar alternativas a sus inquilinos para que pudiesen seguir residiendo en la vivienda.

Esto significó que, a pesar de no pagar el alquiler, se permitió a los afectados continuar en el inmueble y en caso de que no fueran capaces de hacer frente al préstamo con el banco, la Xunta asumió la deuda para evitar la ejecución hipotecaria. En otros casos, ante la negativa de las entidades bancarias a conceder un préstamo, es el IGVS el que directamente financia la hipoteca, para luego trasladar las correspondientes cuotas a los beneficiarios de los pisos protegidos.

Recibos de comunidades

A esta bolsa de atrasos en los pagos con la Administración autonómica se sumaron también los recibos de las comunidades de vecinos, de luz o agua que también quedaron sin abonar.

En su capítulo de provisiones para hacer frente a las insolvencias, el IGVS ha consignado al cierre del ejercicio pasado 58,697 millones de euros, de los que 55,331 corresponden a deudas de "dudoso cobro", casi 1,5 millones por impagos correspondientes al IVA y otros 1,82 millones por créditos vivienda.

Estos fondos ya se dan por perdidos debido a la antigüedad de los impagos, con plazos que pueden superar los cinco años. Pero el Instituto Galego da Vivenda e Solo tiene otros 20,881 millones pendientes de cobro, que sin embargo tiene previsto recuperar, al menos en su mayor parte. Son deudas generadas a lo largo del año 2015 que en la mayoría de los casos se saldan con demoras de meses.

Con unos créditos al inicio del ejercicio de 129,839 millones, el IGVS alcanzó una ejecución presupuestaria del 69,55%, cuatro puntos más que un año antes que consolida una tendencia de cada vez alcanzar un mayor nivel de gasto real del presupuesto.

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