Guerra de precios en el sector de la construcción para hacerse con un trozo de la codiciada tarta de obra pública en Galicia. Solo el Gobierno central ha aumentado entre enero y junio el volumen de las licitaciones -477,6 millones entre enero y junio, un 45% más que el mismo periodo en 2015-, mientras que Xunta, concellos y diputaciones metieron un tijeretazo en las partidas reservadas a edificaciones y obra civil. Los recortes del Ejecutivo autonómico en los primeros seis meses del año fueron del 26%, pero las administraciones locales llegaron a reducir sus partidas en obra pública más de un 40%. Esta caída de las inversiones en el sector público ha llevado a empresas de la construcción en Galicia a presentar ofertas a la baja, en algunos casos de hasta el 40%, para intentar ganar algún concurso. "Empieza a haber ofertas inasumibles, claramente por debajo de costes", según reconocen desde el sector de la construcción en la comunidad. "Hasta ahora, ni las rebajas eran tan exageradas ni eran tan habituales", advierten.

La tarta de obra pública es tan pequeña en relación a los años de bonanza económica que incluso ahora las grandes empresas de ámbito nacional concurren a adjudicaciones que se quedan muy por debajo del millón de euros, una cantidad de la que no bajaban los proyectos por los que competían en época de bonanza económica. Pero el bajón de la inversión por parte de las administraciones ha llevado a grandes constructoras a presentarse a proyectos que no superan incluso los 300.000 euros, una tercera parte del presupuesto mínimo que se fijaban hasta ahora para optar a una convocatoria de las administraciones.

"En estos casos, la práctica totalidad se traducen en subcontratas", advierten desde la Federación Gallega de la Construcción. Y ponen un ejemplo: "Si hace un año se pagaba la hora de una máquina excavadora a 35 euros, hoy le pagan 24, con lo que al operario le da para poco más que para el bocadillo". Estos recortes en inversión pública agravan la asfixia económica del sector de la construcción, que sobrevive como puede desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

A la crisis del ladrillo y al parón inversor de las administraciones se suman la proliferación de empresas piratas y la todavía escasa demanda de reformas en viviendas o negocios, un nicho de mercado que de repuntar permitiría a muchas firmas alejarse de los números rojos que arrastran desde 2008.

Los datos hablan por sí solos. En año electoral, el Gobierno central hizo un mayor esfuerzo inversor que en 2015 en Galicia. En concreto destinó a obras en la comunidad en el primer semestre 477,6 millones, un 45% más que entre enero y junio del año pasado. La excepción es Pontevedra, única provincia en la comunidad que sufre un recorte de fondos del Estado en relación al año pasado (casi un 91% menos). En el extremo opuesto, están Ourense y Lugo, con un aumento de la inversión por parte del Ejecutivo central de más del 2.900% y 1.200%, respectivamente. En A Coruña, el incremento fue del 115%. Hasta en un total de nueve comunidades, el Estado reservó entre enero y junio más fondos, pero en el conjunto del país la inversión cayó de media un 6,6%, según el balance de Seopan.

Pese a la cita electoral del 25-S, la Xunta cerró el grifo este año a sus inversiones en obra pública. Más de 78 millones en licitaciones se dejó el Ejecutivo gallego en el primer semestre del año, un 26% menos que el mismo periodo del año pasado. Pese al tijeretazo del Ejecutivo de Feijóo en obra pública, la recorte inversor es menor que en la media nacional, que ronda el 40%.

En el caso de las administraciones locales, el desplome en obra pública en Galicia está por encima del resto de comunidades. La licitación de obra pública en el primer semestre se redujo un 40,3%, frente a la reducción del 14,1% de media en el resto del Estado. Los ayuntamientos y la corporación provincia de Lugo encabezan el ranking de recortes en la comunidad, con un desplome en obra pública de casi el 80% entre enero y junio. Les siguen en la tabla gallega, las administraciones locales de Pontevedra (-51,8%) y las de Ourense (-39,5%). Cierran la lista, los consistorios de A Coruña (-20.3%).