Más de tres años después de que un 24 de julio de 2013 un Alvia descarrilara en A Grandeira, Adif presentó en el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que investiga el siniestro, 300 folios relacionados con el análisis de riesgos y el cambio significativo de velocidad en la línea que une Ourense y Santiago, donde ocurrió el accidente ferroviario más grave de la democracia española, con 80 muertos y más de un centenar de heridos.

El administrador de infraestructuras ferroviarias admite que "en el dossier de seguridad de la LAV 082 -línea de alta velocidad- aportado en su día se ha comprobado que se omitieron por error determinados documentos a los que se remiten los casos de seguridad". En concreto, entre la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de entrada de ayer, se encuentran los análisis preliminares de riesgos y del desarrollo en tablas excel de los "Hazard Log" -amenazas detectadas-.

"Por tal razón, y considerando que se trata de documentos relevantes para el acto de ratificación de informes periciales que va a tener lugar" mañana, "se acompañan los referidos documentos al presente escrito para su incorporación a la causa", destaca la Abogacía del Estado. Esta documentación llega dos días antes de que los peritos de QBE (aseguradora de Renfe) y el catedrático encargado de elaborar un informe para otro de los peritos declaren en el juzgado. Abogados de las partes personadas cuestionan que la información presentada y su análisis en detalle hagan posible la vista convocada.

Adif incluye asimismo un estudio de cambios significativos de velocidad, otro de criterios de declaración de una transición de velocidad como transición significativa de velocidad y una circular de reglamentación sobre dichos cambios y el sistema de control Asfa.

Catorce documentos

La Audiencia de A Coruña ordenó en mayo reabrir la investigación que cerró el juez Andrés Lago para tratar de esclarecer si Adif evaluó de forma correcta el peligro en A Grandeira. Ahora, Adif aporta hasta 14 documentos, 11 de ellos relacionados con ese examen de riesgos en la vía.

El primero es el estudio de los cambios significativos de velocidad y en él figura la transición protegida por señales en la bifurcación de A Grandeira y dictaminada, según el escrito, en junio de 2012. El segundo, sobre la declaración de una transición de velocidad como significativa, es de 2014. Los criterios se establecieron, de hecho, tras el siniestro. En tercer lugar, una circular informa de nueva señalización para "reforzar la información en la vía, los avisos en cabina y el control de velocidad, en la aproximación a aquellos puntos donde se produce una reducción significativa de velocidad". Finalmente se incluye una decena de los llamados "Hazard Log", de detección de amenazas, con registro de todo tipo de incidencias en la línea.

El primer instructor de la causa, Luis Aláez, demandó a Adif esta documentación, relativa al estudio de riesgos en la línea, del cambio del ERTMS y de incidencias, en 2014. Aláez hacía la petición tras considerar que Adif no había respondido a demandas suyas previas.