El sector de la judicatura en Galicia está molesto con los reproches del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a su gestión en los casos de delitos de incendios forestales. Son "sensibles" y están "comprometidos" con" la persecución de los incendiarios en Galicia, aplican "con rigor" la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo hacen en base a las pruebas que les aportan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que resultan "clave" para determinar la autoría de un sospechoso o dejarlo en libertad. Así se manifestaron ayer jueces y fiscales gallegos después de que Feijóo cuestionase que solo uno de los 42 incendiarios arrestados este año por la Policía Autonómica estuviera preso. Para los colectivos de jueces y fiscales en la comunidad, los incendios no se combaten solo con prisión, sino también con políticas de prevención.
"Es fundamental que no haya persona libres, simplemente con la obligación de comparecer de vez en cuando en el juzgado, cuando tenemos dudas certeras de su conducta incendiaria", proclamó Feijóo el jueves, al tiempo que demandaba a jueces y fiscales "más compromiso" y "sensibilidad" en materia de incendios. Sus palabras resultaron incendiarias para el sector en la comunidad, que quiso recordar al jefe del Ejecutivo gallego lo complejo que es demostrar la autoría en un caso de incendio forestal, ya que faltan pruebas y testigos que permitan demostrar la implicación del detenido. Y, en todo caso, advierte desde la Asociación Profesional de la Magistratura Teresa Cortizas, son los agentes encargados de la investigación los que deben presentar "pruebas e indicios relevantes" para que los jueces acaben dictando una sentencia condenatoria.
"El problema de los incendios no se soluciona con ingresos en prisión, sino con buenas políticas forestales y planes de prevención", sentencia Xermán Varela, coordinador de Jueces para la Democracia. El magistrado replicó con dureza a los reproches de Feijóo: "Esas dudas certeras [de la conducta incendiaria] de las que habla nos aproxima a Estados fascistas donde la incapacidad de gestión política nos lleva a una represión aleatoria". Para Varela, es "una falta de responsabilidad atacar la labor de jueces y fiscales con el único objetivo de buscar réditos electorales, escondiendo su relación con el problema de los incendios".
Desde la Unión Progresista de Fiscales, su vicepresidente, Diego Villafañe, pone de ejemplo de "sensibilidad y compromiso" del Ministerio Fiscal con los incendios la creación de secciones especiales para este tipo de delitos, como en Galicia, que dispone de una Fiscalía de Medio Ambiente. "Lo que hace falta es una política de prevención", coincide.
Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, admite que siempre se puede hacer más, pero quiere dejar claro el "compromiso" del sector al perseguir cualquier conducta que quebrante la ley. "Ahora bien, si no hay pruebas suficientes, las leyes procesales son muy claras. Al final, impera la presunción de inocencia", concluye Frías, quien insiste en la dificultad de demostrar la autoría en estos delitos medioambientales por la falta de pruebas y testigos. Eso impide llevar a juicio al 95% de los incendiarios detenidos en Galicia. Los datos de la Fiscalía gallega de 2015 reflejan hasta 451 procesos penales abiertos por incendios el año pasado y solo una veintena de condenas.
Precisamente la Xunta informó ayer de que la Policía Autonómica investiga a dos varones por sendos incendios forestales el 22 de agosto en Avión (Ourense) y el 10 en Arteixo (A Coruña), a consecuencia, respectivamente, del uso de una sierra radial y del lanzamiento de artefactos pirotécnicos de forma negligente. El primer fuego afectó a 100 metros cuadrados y el segundo, a 1.500. En ambos casos Vicepresidencia de la Xunta destaca que la "rápida" actuación de los medios de extinción evitó daños "mayores" y, en el primer caso, añade que se evitó poner "en peligro viviendas próximas al incendio".
