La Xunta de Galicia pagó la expropiación de una cantera para la construcción del macronudo de Curro, entre Barro y Meis, casi cuatro veces más que su valor real. Al menos esta es la conclusión a la que llega la Fiscalía de Pontevedra quien acaba de presentar ante el juzgado de Cambados un escrito de acusación en el que pide la apertura de juicio oral contra el perito de la administración pública designado por la propia Xunta para valorar dicha cantera, Juan Manuel Melón Somoza; y contra el empresario que explotaba la citada cantera en el lugar en el que se iba a construir esta macrorotonda, en San Lourenzo de Nogueira, en Meis. Se trata de Juan Luis Abal Piñeiro, socio y administrador único de Áridos de Curro S. L.
El fiscal de delitos económicos Jesús Calles acusa a ambos de haberse concertado para "obtener un precio por los bienes expropiados notablemente superior al real" y les imputa a ambos un delito de falsedad en documento oficial en concurso de otro de estafa por el que pide una pena de cinco años de prisión para cada uno. Además, en el caso del perito público pide su inhabilitación por este mismo tiempo.
Áridos de Curro suscribió un contrato con la comunidad de montes de San Lorenzo de Nogueira de arrendamiento para la extracción de jabre sobre una finca de 9.000 metros cuadrados. En agosto de 2008 la Xunta (en la época del gobierno bipartito) aprobó el proyecto de construcción del enlace de Curro Meis entre la autovía de O Salnés, la AP-9 y la carretera PO-531 entre Pontevedra y Vilagarcía. El 4 de septiembre se procedió a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes iniciándose el proceso de expropiación. El procedimiento afectó a los terrenos que explotaba y en los que se asentaba la mercantil Áridos de Curro y en el acta de ocupación se señalaba como bienes afectados tres mil metros cuadrados de arrendamiento de terreno, así como oficinas, almacenes, cubiertas, una planta y un equipo de lavado de áridos así como maquinaria de la cantera, entre otros. En diciembre de 2008, siempre según la versión del fiscal, se elaboró por parte del perito de la administración, el acusado Juan Melón, la valoración de la indemnización como depósito previo a la urgente ocupación, que ya alcanzó los 600.000 euros, cantidad que se abonó al expropiado. Pero Abal Piñeiro presentó un escrito aportando documentación en el sentido de que la expropiación iba a suponer el cierre del negocio por lo que pidió que se tuviera en cuenta esta circunstancia. El 26 de octubre, el mismo perito realizó un nuevo informe en el que, según el fiscal, "faltando a la verdad", calculó un valor de 1.261.940 euros para los bienes expropiados, cantidad que fue aceptada por el reclamante, siéndole abonada en 2010 por parte de la Xunta los 661.940 euros restantes. "El valor fijado como justiprecio en esa valoración del arrendamiento es notablemente superior al real y ambos acusados, de común acuerdo, lo establecieron así faltando a la verdad", dice la Fiscalía.
Una nueva tasación pericial realizada a instancias de la Fiscalía permitió establecer el valor real de la cantera en 286.212 en el caso de que se trasladase la actividad empresarial y de 345.425 euros por lo que el fiscal también reclama a los acusados que indemnicen a la Xunta con los 916.514 euros que supuestamente se pagaron de más por esta cantera.
También se le investiga por un presunto delito contra la hacienda pública
- En el caso del empresario Juan Luis Abal Piñeiro, el fiscal añade también un segundo posible ilícito al acusarle de un delito contra la hacienda pública. En su escrito de acusación asegura que la empresa presentó una declaración por el Impuesto de Sociedades en el ejercicio de 2010 en el que "de manera consciente y movido por la intención de incumplir sus obligaciones tributarias eludió hacer referencia al importe recibido por la expropiación".Según la investigación de la Fiscalía, dicha expropiación le habría supuesto unos beneficios de 1,2 millones de euros, por lo que calcula una cuota defraudada de 372.571 euros.El fiscal reclama una pena de 10 meses de prisión por este delito para Juan Luis Abal, así como una multa de 300.000 euros (pide la imposición de otra sanción de 400.000 para la empresa) aunque le aplica el atenuante de reparación del daño. Y es que el empresario, una vez que fue citado a declarar en Fiscalía por estos hechos, presentó una declaración complementaria e ingresó la cantidad de 372.571 euros supuestamente defraudada. Más adelante abonó otros 86.077 euros en concepto de recargo e intereses.Alquileres de LouzánEstas actuaciones surgen de la misma investigación que dio origen a la causa judicial que llevó a la Fiscalía a presentar escrito de acusación contra Rafael Louzán (de quien Juan Luis Abal Piñeiro es primo tercero) por los supuestos sobreprecios en unos alquileres de Navia. Sin embargo, finalmente la Fiscalía y el juzgado decidieron separar ambas causas y tramitar dos asuntos diferentes al concluir que no había relación entre ellos.
