A las energías renovables les quedaba poco más que la justicia para mantener la esperanza de darle una vuelta a la fatídica reforma energética que pegó un tajazo a sus ingresos y dejó a no pocas instalaciones al borde de la quiebra. Y ni eso. La inmensa mayoría de las resoluciones judiciales avalan los cambios impulsados en el sector. Tanto el recorte inicial de primas aplicado bajo la justificación del disparado déficit tarifario -el agujero creado por las pérdidas en la prestación del servicio en comparación con la recaudación entre los clientes- como lo que vino después. El fin definitivo del régimen especial en el que se integraban las tecnologías limpias por su contribución a la lucha contra el cambio climático y el sistema retributivo que les reconocía el derecho a una subvención a mayores de lo que cobraban del mercado por la venta de su electricidad. Todas las sentencias iban en ese mismo sentido, el aval a la reforma. Hasta ahora. En el caso concreto del pago a las plantas que producen energía a partir del tratamiento de purines, con una caída del 40% en las primas, el Supremo acaba de anular las modificaciones retributivas del Ministerio de Industria, al que obliga a sacar un nuevo cálculo en un plazo máximo de cuatro meses. Fue la razón de que Coren cerrase el único centro de este tipo que existía en Galicia y que se plantea reabrir si las nuevas remuneraciones le compensan.
El alto tribunal anula los valores y parámetros que el Gobierno utilizó sobre los costes de inversión y de explotación, además de otros datos sobre ingresos de explotación y autoconsumo en las instalaciones de tratamiento y reducción del purín. Un paso de gigante porque con esas cifras la reforma energética establece un objetivo de rentabilidad por el que luego se cuantificaba el derecho a las primas. Como el desplome de un castillo de naipes. El fallo, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a Industria a revisar todo lo ocurrido con las centrales como la que Coren inauguró en 2007 tras una inversión de 22 millones de euros.
Los cuatro meses de margen para sacar otro esquema retributivo echaron a andar el pasado 20 de junio, según consta en las sentencias del Supremo. Son dos. Una de la patronal de la actividad, la Asociación de Empresas para el Desimpacto ambiental del Purín (ADAP); y la otra de una empresa, Energyworks San Millán, con una planta en León. A la que además se le reconoce una indemnización "por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los parámetros retributivos declarados nulos". La cuantía dependerá de la revisión de las primas. Será la diferencia entre lo que recibió y lo que le hubiera tocado cobrar con ellas.
En esa situación está el Centro Tecnológico Medioambiental de Coren en el municipio ourensano de Sarreaus. Porque también Coren, a través de la filial Gallega de Residuos Ganaderos, acudió al Supremo y espera una sentencia idéntica. Indemnización incluida. Aunque la compañía pone el acento en la relevancia de la anulación general de los parámetros. "El tribunal nos da la razón, que la retribución no se correspondía con la realidad de este tipo de plantas", subraya Secundino Grobas, de Coren Agroindustrial. La suya cumple dos años sin actividad. Como el resto. "Por los malos cálculos que se hicieron, que no cubren el gasto de funcionamiento -explica-. Cada megavatio que producíamos se hacía a pérdidas, perdíamos dinero".
Grobas no disimula lo "difícil" que fue explicárselo al Gobierno y las "muchas ocasiones" en las que se intentó que la administración entrara en razón. "No estamos tranquilos, estamos satisfechos. Queda claro que no mentíamos -continúa-. Ahora todo dependerá de los parámetros de retribución que decida el ministerio. Si se hace de forma lógica, volveríamos a funcionar".
Gallega de Residuos Ganaderos, la sociedad con la que se explota la planta, arrojó números rojos en 2014 de 2,1 millones de euros. En 2013 fueron 3,8 millones. Por eso sus responsables acometieron una reducción de capital el pasado año de casi cuatro millones de euros y en marzo se presentó el concurso de acreedores, en fase de convenio desde el mes de julio. La deuda supera los 8 millones de euros. Para intentar limar el vacío en el tratamiento de los restos, muy contaminantes, Coren abrió hace unas semanas una depuradora que convierte el purín en biocombustible.
