Los integrantes de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 mantienen, tres años después del accidente ferroviario ocurrido en las cercanías de Santiago, sus mismas reivindicaciones y sostienen que la "verdad" y la "justicia" son "innegociables". Las víctimas celebraron ayer una asamblea en el Auditorio de Galicia, dentro de los actos programados en el tercer aniversario de la catástrofe y que tiene continuidad hoy con una concentración en la compostelana plaza del Obradoiro.

Jesús Domínguez, portavoz del colectivo, dijo, en declaraciones antes del inicio de la asamblea, que las demandas de la plataforma "son las mismas que hace tres años: verdad, justicia y reparación". "Las dos primeras no son negociables", afirmó. Para este portavoz la verdad sólo se conseguirá con la constitución de una comisión de investigación técnica integrada por expertos independientes y dijo que la justicia llegará cuando se cree otra comisión parlamentaria que depure las responsabilidades políticas.

Domínguez se felicitó porque Bruselas haya concluido en un documento que el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente. "La Unión Europea nos ha respaldado la parte técnica, la Audiencia la parte judicial (al reabrirse la instrucción por el accidente), pero nos falta la parte parlamentaria que, por desgracia, tanto aquí como en Madrid el voto del PP y del PSOE lo echan para atrás porque suponemos que tienen cosas que ocultar", afirmó.

Insistió en la demanda de las víctimas para que el informe del CIAF se retiré de la causa judicial y que se vuelva a investigar el siniestro desde el punto de vista técnico.

El portavoz indicó que, actualmente, las víctimas viven una "mezcla de sentimientos", ya que por un lado sienten el "dolor del recuerdo" y, por otro, la esperanza de que la investigación de la UE permita esclarecer los hechos, aunque también experimentan "intranquilidad" debido a la dilación del proceso.

La también vocal de la Plataforma Víctimas Teresa Gómez Limón denunció que la dilación de la investigación que estudia el accidente ferroviario estaba "premeditada", afirmación que ha apoyado en el hecho de que los jueces que han llevado el caso, Luis Aláez y Andrés Lago Louro, han tenido que instar al Gobierno a entregar la documentación requerida "bajo amenaza de sanción". La afectada criticó que el Gobierno central "tardase meses" en presentar dichos informes. Además, afirmó que la velocidad de la Justicia "depende de cómo se traten los casos".

En esta línea, elogió el trabajo realizado al respecto por e primer juez que llevó el caso, el magistrado Luis Aláez, mientras que ha denunciado que Lago Louro "sólo ha dedicado un día a la peritación".