La entrada en vigor, el pasado 6 de diciembre, de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 36,2% en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal gallega.
La reforma legal, que modificó el artículo 284.2, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, ha tenido como consecuencia que, frente a los 72.821 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 46.428 asuntos en los tres primeros meses de este año.
Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resuelven de forma inmediata --con un auto de archivo por falta de autor conocido--, se ha producido un descenso del 34% en la resolución: de 76.294 asuntos resueltos se ha pasado a 46.428.
Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo en Galicia era de 42.547, un 24,2% menos que hace un año, según la información remitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Resto de jurisdicciones
El informe 'Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2016' publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 26,8% respecto del mismo periodo de 2015.
Así, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales de Galicia --incluidos los penales-- fueron 86.293, frente a los 116.045 del primer trimestre de 2015.
En este periodo, los juzgados y tribunales resolvieron 93.736 asuntos, lo que supone una media de 365 causas por órgano judicial, mientras que al final del mismo quedaron en trámite 128.046 asuntos, un 13% menos que en la misma fecha del año pasado.
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 30.096, lo que representa un descenso interanual del 11,4%. En esta jurisdicción se resolvieron 32.435 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 51.673 asuntos, un 0,5% más.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en Galicia 2.550 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 1,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 2.784 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 7.230, un 14,2% menos.
Por su parte, los órganos de la jurisdicción social recibieron 7.214 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 14,7%. El número de asuntos resueltos fue de 8.159 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 26.596, un 14,9% menos.
En la media en litigiosidad
La tasa de litigiosidad en Galicia durante el primer trimestre se sitúa al nivel de la media del conjunto del Estado, en los 31,75 asuntos por cada 1.000 habitantes. En el caso de Contencioso y de Penal, la media está por debajo de la estatal, aunque es más alta en Civil (11,07 casos por cada 1.000 habitantes) y en Social (2,66 casos).
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 fue de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.
Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).
En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3). Castilla y León también tiene una tasa de litigiosidad por debajo de la media nacional, en concreto de 28,7 asuntos por cada mil habitantes.
