Las dos sentencias recientes del Supremo dejaron a Reganosa sin la autorización previa y la del proyecto de ejecución porque en el momento de su apertura el planeamiento urbanístico de Mugardos no permitía una actividad con uso de hidrocarburos en parte de su ubicación. La compañía restó importancia a los fallos, "sin efectos prácticos", dijo, porque en 2012 se subsanó la situación y el tribunal pedía tenerlo en cuenta. Pero la planta debía repetir la tramitación. También la medioambiental. El Gobierno en funciones le eximió ayer de hacerlo. Una decisión "excepcional" para evitar riesgos de suministro porque se "provocaría su paralización a los consumidores de la zona noroeste", al sistema gasístico español e incluso al portugués. El Ejecutivo asegura que se realizó una evaluación "alternativa" y que es "viable medioambientalmente".