Cuando una persona se apunta a las listas del paro y recibe una prestación económica por desempleo tiene que asumir una serie de obligaciones fijadas por ley, que van desde comunicar los datos exactos del domicilio hasta asistir a todos los cursos de formación que le propongan o acudir a las citas de orientación que concierte el Servizo Galego de Emprego. Pero no todos los implicados cumplen. En 2013, por ejemplo, de los 112.000 desempleados que recibían una ayuda, al menos 3.300 (un 10%) rechazó las citas, alegando simplemente que no les interesaba el servicio de asesoramiento. Sin embargo, a partir de ese ejercicio se puso en marcha un plan especial para detectar y poner fin a estas irregularidades, asumiendo esta competencia la Xunta. El primer balance es que, dos años después, el Gobierno gallego ha expedientado a los primeros 121 parados por incumplir sus obligaciones a pesar estar cobrando una ayuda económica. Como mínimo, a cada afectado se le ha sancionado con la pérdida de un mes de las prestaciones.
Hasta 2013, la Administración hacía un poco la vista gorda y era mucho más permisiva con las faltas de los inscritos en las listas del paro, además de que la competencia estaba en manos del Gobierno central. Solo así se explicaba un nivel de absentismo del 10% en las citas de orientación que concertaban los servicios públicos de empleo y la ausencia de sanciones.
Pero esta situación cambió a mediados del año 2013, cuanto la entonces Consellería de Traballo firmó un convenio con el Servicio Público de Empleo (SEPE) para poner en marcha el Plan de lucha contra el fraude de las prestaciones para detectar irregularidades y mejorar la empleabilidad de los parados. Y a partir de ese momento, es la Xunta la que controla que los desempleados que cobran prestaciones cumplan con sus obligaciones. "Se trata de mejorar e intentar que no se limiten a cobrar y estar en casa, pero no es un plan concebido para sancionar. El desempleado debe tener una actitud activa y el objetivo es que encuentre trabajo. Si rechaza nuestra ayuda, debemos saber por qué", explicaba entonces la Consellería de Traballo.
En el primer año de aplicación de este programa, en 2014, la Xunta sancionó a 63 parados que no respetaron alguno de los requisitos que se les exigen por percibir una prestación económica. El pasado año, del total de 110.000 beneficiarios con ayudas o subsidios, inició 109 expedientes, que finalmente culminaron en 58 sanciones. "Es decir, solo un 0,05% de los beneficiarios. El resto de las personas con expedientes iniciados justificaron correctamente el incumplimiento inicialmente detectado", precisa la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ahora tiene las competencias en la materia tras la última remodelación del Gobierno gallego.
Las infracciones que pueden cometer son variadas, pero las más comunes son no renovar la demanda de empleo, no acudir a las citas de orientación concertadas por el Servizo Público de Emprego de Galicia -que permiten a los técnicos informar de posibles nuevos mercados laborales adaptados a su formación o mejorar esta con actuaciones específicas-, rechazo a participar en cursos de formación o acciones de promoción, reconversión profesional o programas de empleo o no actualizar los datos del domicilio para que puedan recibir las notificaciones.
La sanción mínima, tal como está fijada por ley, es la pérdida durante un mes al derecho de percibir la prestación económica por encontrarse en el paro. En los casos más graves, como una reincidencia continua, cometer fraude para cobrar sin tener derecho o actuar en connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualquier ayuda económica, la sanción entonces es la extinción de las prestaciones.
Precisamente, ayer se conoció que el porcentaje de asalariados que obtuvieron un empleo en España mediante la intermediación de una oficina de empleo público ha caído en los últimos años. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de Población Activa, solo un 1,7 % (249.400 personas) obtuvo su puesto en 2015 a través de estas oficinas, lo que supuso un descenso de tres décimas con respecto a 2014. Al otro lado se sitúan las ETT, que subieron ligeramente en el año pasado al pasar de un 2,8 % en el 2014 al 2,9 % en el 2015 (430.200 asalariados).
