De las deudas acumuladas con la Xunta por el impago de impuestos y de controlar a los contribuyentes que no cumplieron durante el plazo voluntario de abono se encargan los cinco recaudadores de zona con los que cuenta la administración autonómica. Uno en Vigo, otro en Pontevedra, en A Coruña, Ourense y Lugo. Como la estructura de delegaciones que tiene la propia Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) y también la Agencia Tributaria del Estado. Así es desde 1997, cuando se crearon estas oficinas, de gestión externa, que salen a concurso público y para las que los ganadores -funcionarios de carrera de la escala de finanzas o del cuerpo de inspección en excedencia- deben depositar un aval de hasta 150.000 euros. Todos los gastos, incluidas las instalaciones y el personal que contraten, corren por su cuenta y, además, están sometidos a controles diarios sobre su actividad. A cambio, los titulares de las cinco oficinas cobran al mes el sueldo equivalente a un trabajador público del grupo A, nivel 28, y los correspondientes complementos específicos. Por encima de los 42.000 euros por ejercicio, a los que se suman las "recompensas especiales", como las denomina el decreto de 2000 que regula sus retribuciones. Los incentivos. Una cantidad variable en función de la recaudación que consigan para la caja autonómica y que en total alcanzaron los 2,61 millones de euros el pasado 2015 y que en este 2016 ascienden a 2,37 millones. En total, prácticamente cinco millones de euros en dos años, coincidiendo con máximos de los ingresos tributarios en la Xunta.
También a ellos les afectó la contención presupuestaria para mitigar los efectos de la crisis. La Consellería de Facenda decidió en 2012 revisar su remuneración variable y la bajó un 8%. Es la tabla que actualmente sigue en vigor. Si el importe de las providencias de apremio realizadas -un cálculo en el que no se incluyen aquellas que individualmente superen el medio millón de euros- va hasta los 600.000 euros, los recaudadores se embolsan un 18,4% del total; el 13,8% si los expedientes llegan a los 1,2 millones; un 9,2% en el caso de que se muevan entre los 1,2 y los 2,1 millones; si lo superan, con un techo de 2,4 millones, reciben el 4,6%; el 3,68% en la horquilla que va hasta los 3 millones; el 2,76% para los ingresos de hasta 3,6 millones; el 1,84% si sube hacia los 4,2 millones; y el 0,92% si la recaudación supera esos 4,2 millones o para las providencias concretas que estén por encima de los 500.000 euros.
La Consellería de Facenda no desvela en qué intervalo se movieron en estos dos últimos años los cobradores externos, pero su labor es, junto a la lucha contra el fraude fiscal, una de las principales claves del incremento de la recaudación tributaria, además de la subida aplicada en algunos impuestos que tutela el Estado y en otros que son suyos. "Conviene tener en cuenta que son los recaudadores de zona los que, a su vez, sufragan los gastos de personal (hablamos de una plantilla en el entorno de las 30 personas), los gastos de oficinas, mantenimiento, seguros y funcionamiento de sus respectivas zonas, tal como establece la normativa vigente", destacan fuentes del departamento que dirige Valeriano Martínez.
La consellería y la Atriga solicitaron en marzo una ampliación de crédito por casi 2,5 millones de euros para afrontar los "premios de cobro". Inicialmente, el presupuesto tenía reservado un total de 301.703 euros, de los que se tiró para asumir los servicios de diciembre de 2015 (49.385,6 euros) y recompensas por valor de 18.300 euros. El coste en enero y febrero alcanzó los 719.300 euros y la estimación de marzo a diciembre ronda los 1,6 millones.
"Al ser una retribución variable no se puede fijar una cantidad exacta en el presupuesto. Es por ello que, en el momento de realizarlo, la Xunta de forma prudente incluye una cantidad pequeña para abonar los primeros meses del ejercicio, pero siendo siempre una partida de carácter ampliable -explica Facenda-. Una vez iniciado el ejercicio y liquidado el anterior, la administración ya tiene más elementos de cálculo para realizar una ampliación de esa partida, que en función de las necesidades del ejercicio y la evolución de la recaudación puede volver a ser ampliada". La consellería recuerda que los porcentajes vienen de la normativa "y no se fijan durante el ejercicio en curso". "Lógicamente, dado que las retribuciones se determinan como porcentaje de lo recaudado -añade-, un mayor o menor gasto para la administración es resultado de un mayor o menor volumen de recaudación".
En la ampliación de fondos, Facenda incorpora los 356.000 euros que necesita para pagarle a la Agencia Tributaria por su apoyo en la recaudación por vía ejecutiva de los deudores que tienen domicilio fiscal fuera de Galicia. Las dos administraciones tienen un convenio firmado desde 2006 para facilitar el servicio y establecer su coste. La Xunta abona a la Agencia Tributaria 3 euros por cada nueva deuda gestionada, una comisión en el importe de entre el 3% y el 6% en función de la fecha de cancelación y su naturaleza y otra del 6% sobre los intereses de demora que arrastre.
