Fue una de las medidas estrellas de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos para este ejercicio. Tres artículos pensados, según la Xunta, en el consumidor eléctrico y acabar con algunos de los problemas habituales a los que se enfrentan. Concretamente, el Gobierno regional activó un veto para el cobro del recibo por estimaciones de demanda, la obligación de devolver las cuantías cobradas por las empresas en concepto de alquiler del nuevo contador inteligente en caso de que no estuviera efectivamente conectado y un tercer precepto para garantizar potencia suficiente en los polígonos industriales. El Ejecutivo central acaba de abrir un conflicto con la Xunta porque considera que todas esas disposiciones van contra sus competencias y, como paso previo a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, ambas partes intentarán llegar a un acuerdo a través de una comisión bilateral.
Para determinar la previsión e cargas de las líneas de distribución y las instalaciones eléctricas en los parques empresariales, la Xunta fijó una referencia mínima "con carácter general" de 25 vatios (W) por cada metro cuadrado. Sin posibilidad, además, de que las compañías puedan reclamar a los compradores de suelo lo que ya antes abonaron por derecho de extensión del servicio los promotores del polígono. En las solicitudes de mayor potencia, la administración gallega vincula el cálculo al real decreto estatal de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En el caso de los contadores de telemedida, los usuarios quedaban blindados de cualquier pago por arrendamiento "hasta que el equipo esté efectivamente integrado en el correspondiente sistema y plenamente operativo". De lo contrario, la compañía incurriría en una infracción leve, sancionada con hasta 600.000 euros. La Xunta les instó, además, a revisar la facturación para proceder "a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas" con anterioridad al 1 de este mes de abril. Finalmente, el tercer artículo vinculado al sector, exigía un recibo "con base en lecturas reales" del consumo. Tampoco si los equipos de lectura "no proporcionan por medios telemáticos los datos de consumo real", salvo "acuerdo expreso" con el cliente, lo que implicaría la redacción de una cláusula "expresa" en el contrato, sin que "tampoco pueda entenderse prestada tácitamente la aceptación del consumidor por la mera recepción de una notificación al respecto". Desde el pasado marzo, el incumplimiento de esta medida se considera por la Xunta una infracción grave, con entre 600.001 euros y seis millones de multa; e incluso muy grave -la sanción posible se dispara hasta los 60 millones- si el incumplimiento es reiterado.
La Consellería de Economía, Industria e Emprego asegura que no conoce exactamente las razones por las que el Estado asegura que se invaden sus funciones. "La Xunta defenderá en el marco de la comisión bilateral que estos artículos, que buscan la defensa de los consumidores y el impulso a la competitividad empresarial, no entran en confrontación con la normativa estatal, sino que hacen concreciones de aplicación de dicha normativa para Galicia", explican.
