Después del intento frustrado hace una semana "debido a la falta de información suficiente para prepararlo", la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recibió por fin nueva documentación por parte del Ejecutivo en funciones y pudo lanzar ayer su veredicto sobre la actualización del Programa de Estabilidad diseñado hasta 2019 para aliviar el enorme desequilibrio presupuestario de las administraciones españolas durante el pasado ejercicio. El organismo impuesto por la Comisión Europea para supervisar las cuentas públicas tras el rescate bancario no tiene nada claro que la corrección pueda conseguirse. "Para que sea sostenible en el tiempo y pueda reducirse el déficit público por debajo del 3% en 2017, como prevé el Gobierno -subraya-, es necesario adoptar medidas con vocación de permanencia no garantizada con un acuerdo de no disponibilidad de gasto de vigencia anual". Con ese instrumento, el límite a nuevos compromisos por parte de las incumplidoras, el Ministerio de Hacienda pretende reconducir la senda de la consolidación fiscal entre las autonomías, para las que finalmente marca un objetivo del déficit del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en el actual 2016, frente al 0,3% inicialmente previsto. Un techo del que la AIReF duda que sea "suficientemente ambicioso" y por eso pide bajarlo al 0,6%, aunque con límites diferenciados por cada territorio, con mayor margen para aquellos que arrastran mayores desequilibrios, de tal manera que Galicia se quedaría en el 0,3% original. Sin los 200 millones de euros extra, en año electoral, de los que dispondría en caso de que el margen para todas fuera uniforme, en el nuevo 0,7%.
La AIReF apuesta por "aprobar sendas de capacidad o necesidad de financiación diferenciadas" para las regiones. "Un único objetivo para todas las comunidades implicaría una relajación de los compromisos y previsiones de los presupuestos aprobados por ocho", señala. ¿Cuáles? Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia, para la que el organismo presidido por José Luis Escrivá insiste en mantener el 0,3%. "Sin embargo -continúa-, para las nueve restantes, este objetivo común requeriría un esfuerzo que presenta riesgos para su materialización, tal y como se ha observado en ejercicios anteriores".
Así, con la recomendación de la AIReF, Canarias debería ajustarse a un déficit del 0%; del 0,3% Galicia; un 0,4% para Andalucía, Asturias y País Vasco; el 0,5% en La Rioja; un 0,6% para Baleares y Navarra; también para Cantabria, Castilla y León y Madrid, aunque con un acuerdo de no disponibilidad de 25 millones, 112 y 425, respectivamente. El 0,7% de Castilla-La Mancha quedaría condicionado a un freno de 79 millones en sus desembolsos; de 70 millones en Aragón (0,9% de déficit); 426 millones en Cataluña (1%); 58 en Murcia (1,1%); 36 en Extremadura (1,2%); y 212 en Comunidad Valenciana (1,3% de déficit). En total, un ajuste de gasto de 1.443 millones para que el desequilibrio presupuestario del conjunto de las autonomías se quede en el 0,7% del PIB, como quiere Hacienda.
El cumplimiento entre las ocho comunidades, Galicia incluida, con menor objetivo estaría condicionado a "la ejecución rigurosa" de sus presupuestos. Eso "podría ser suficiente" para dejarlas por debajo del 0,7% y además, con "la confirmación del impacto económico de las medidas ya previstas en algunos de ellos", en sus cuentas, "permitiría alcanzar un déficit agregado del entorno del 0,4% de su PIB regional". "Por lo tanto -añade el organismo-, para estas comunidades no sería necesario adoptar, en este momento, un acuerdo de no disponibilidad sobre sus presupuestos iniciales". Pero matiza: "teniendo en cuenta la incertidumbre existente sobre la evolución de la actividad productiva y su impacto en los ingresos de las comunidades". El resto, según la AIReF, están abocadas a un "ajuste adicional al previsto" en sus cuentas para este ejercicio y el Gobierno debería "establecer las garantías necesarias para hacerlo efectivo".
El vicepresidente de la Xunta daba por hecho que Galicia contaría con esos 200 millones adicionales la pasada semana. "Más inversiones y política social", aseguraba Alfonso Rueda, que, en todo caso, apelaba a la prudencia porque ni siquiera existía notificación oficial. A eso mismo se agarraba ayer la Consellería de Facenda, a la espera de lo que pueda tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el jueves.
