La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) anunció ayer que se personará como "acusación popular" en el proceso judicial en el que dos altos cargos de Sanidad han sido llamados a declarar como investigados por un posible delito de prevaricación por el supuesto retraso en la prescripción de medicamentos a pacientes con hepatitis C.
Los hechos investigados afectan a "un derecho tan fundamental como el de la salud y el acceso a los tratamientos adecuados", motivo por el cual, alega la asociación, "está plenamente justificada" su decisión, al tratarse de un caso en el que se verían afectados los derechos de los usuarios del servicio de salud gallego.
"Ucgal posee la legitimación necesaria para el inicio de acciones legales para la defensa de los derechos de los consumidores. En un ámbito tan relevante como la salud, y en relación con hechos de tanta transcendencia, la decisión [...] resulta obligada", indica.
