Otra vez, y van cuatro ejercicios, los ayuntamientos fueron la única pata de la administración pública en España que acabó 2015 con sus presupuestos equilibrados. No lo tenían fácil. Porque en su caso el objetivo de déficit se situaba en el 0%, el mismo techo al que deben ajustarse de nuevo en el actual 2016. Aún así, el sector local alcanzó un superávit del 0,44% sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Sus ingresos superaron en 4.765 millones de euros al gasto, según el informe preliminar de la Intervención General de la Administración del Estado, y ellos sostienen que cuando se cierren definitivamente las cuentas podrían incluso llegar al 0,5%. "No solo somos la administración que está cumpliendo los objetivos de estabilidad financiera, sino que los estamos cumpliendo con creces", destacaba ayer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras la reunión que mantuvo con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para plantearle que las corporaciones recuperen esos casi 5.000 millones de euros de más en el ajuste, sin los que se hubieran adaptado igual a la meta del déficit, para cubrir el desembolso "socialmente y económicamente imprescindible" que están haciendo. Hacienda fue rotunda en su rechazo.
"Fue una reunión francamente insatisfactoria", reprochó el también regidor de Vigo. "Porque -añadió- no escuchamos ni una sola razón que justifique el no que acaban de dar". A los municipios, según Caballero, el ministerio les dedicó buenas palabras para "que nos sintamos orgullosos de tener tanto superávit". "Pero eso no es una razón. Porque nosotros podríamos plantear que el resto de las administraciones cumplan mejor y se sientan orgullosos como nosotros", argumenta. El máximo responsable de la FEMP insiste. Sobre las alabanzas por "tan buena gestión", eso "ya lo sabemos, no necesitamos a nadie que nos lo diga". "Está bien que el ministro nos lo diga", apunta, pero en el organismo no están dispuestos a que sus "ahorros" vayan "para que otras administraciones gasten".
Frente al superávit local del 0,44%, la administración central concluyó el pasado año con un déficit del 2,61% del PIB, el nivel previsto; las comunidades se desviaron en siete décimas, hasta el 1,66%; y la Seguridad Social disparó el suyo al 1,71%. "Somos una administración extraordinariamente cumplidora", reitera Caballero. "Lo que le estamos planteando al Gobierno de España es que tenemos vocación de cumplir los objetivos europeos. Es nuestra vocación -continúa-. Lo que no tenemos es vocación de superar los objetivos y aportar recursos para que se gasten en otras administraciones". Los ayuntamientos quieren "gastar su propio ahorro" porque "los 47 millones de ciudadanos que gobernamos alcaldes y alcaldesas de toda España tienen unas demandas muy importantes en la administración local y queremos satisfacerlas".
A la espera del cálculo definitivo, los datos de ejecución presupuestaria de las entidades locales de Galicia dejan un total de derechos reconocidos netos de 2.702,3 millones de euros y unas obligaciones de 2.632,2 millones. Es decir, el conjunto de concellos, diputaciones y mancomunidades de la región contaron con 70,069 millones de euros en ingresos asegurados por encima de los compromisos a los que hicieron o tienen que hacer frente próximamente. Cierre positivo, a pesar de que los gastos en 2015 crecieron más que los ingresos -9,8% y 8,3%, respectivamente- y que la diferencia entre las dos partidas bajó casi un 30%, desde los 99,3 millones del presupuesto de 2014.
A lo único que está dispuesto el Ministerio de Hacienda es a que la FEMP elabore "un dictamen" sobre las opciones que puedan existir para que las corporaciones modifiquen la regla de gasto, siempre en el marco de lo que permita "la gobernanza europea". Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, recuerda que ya en la pasada legislatura, el entonces presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, propuso algo parecido. "Y no fuimos capaces", advierte Beteta, que contraataca con los 11.000 millones a los que ascendió el Plan de Pago a Proveedores para aligerar las facturas pendientes en los municipios y los 917 con los que se trabaja en este momento para concederles una moratoria de diez años en la devolución de lo que recibieron de más en la financiación de 2013.
El único punto de acuerdo de la cumbre apunta a la reforma del sistema de financiación. También los municipios estarán en el comité de expertos junto a las regiones con el que Hacienda quiere allanar el camino para cambiar el reparto de los fondos. Desde la FEMP reclaman que las entidades locales accedan a la recaudación fiscal de las autonomías. Caballero avisa: "No estamos dispuestos a ser un factor residual en el cálculo de la financiación".
Nueva cumbre
Hacienda y ayuntamientos volverán a verse la próxima semana. Esta, según anunció Beteta, habrá otro Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades. El del viernes pasado acabó con grandes diferencias entre las dos partes a cuenta del reparto del déficit, que la mayoría de regiones consideran injusto. El Gobierno aprobará una nueva senda de estabilidad el día 29 y el secretario de Estado avanza que será "realista y afectará a todos los sectores". Lo que implica de lleno a autonomías y municipios. Sobre si la renovación de los objetivos de déficit, deuda y techo de gasto asumirán un posible relajamiento en función de lo que se pacte con Bruselas, Beteta no quiso detallarlo, pero sí recalcó que continúa la apuesta por la reducción del desequilibrio presupuestario porque lo exige la normativa europea y además aporta "credibilidad".
