Galicia tiene el recurso. La apuesta. La normativa, además, que obliga a limpiar los montes para evitar una multa. Por lo que, según Manuel García, "no es lógica otra cosa". El presidente de los promotores de biomasa en la comunidad y uno de los directivos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) en España no concibe otra opción diferente a que la Xunta elimine los límites de potencia. "Llevamos dos años negociando con ella, pidiéndolo, y parece que existe voluntad", asegura. Pero lo cierto es que de momento no se ha producido esa modificación normativa y que los tiempos han empezado a correr para su empresa, García Forestal, y también para Ence, dos de las principales ganadoras de la subasta de retribución del Ministerio de Industria.
Una y otra vez, García insiste en que el bloqueo va más allá de estos dos proyectos en concreto. Con el matiz, además, que García Forestal cuenta con la posibilidad de levantar los 50 MW conseguidos en Asturias. Al margen de Pontevedra, Ence cuenta con emplazamientos disponibles en Hueva y León. "Hasta ahora, el conselleiro ha demostrado coherencia, colaboración con el sector. Su mensaje de desarrollo de la biomasa es claro y nos dice que se está estudiando la fórmula más adecuada para adaptar la normativa", señala. "Galicia -añade- no puede quedarse atrás".
García defiende que el resultado de la subasta de Industria, aunque a ellos les gustaría que hubiera sido "otra", deja una rentabilidad superior a la media de lo que se percibe en Portugal o el resto de Europa. "Alegamos ante el Ministerio de Industria que se tuviera en cuenta la diferencia de tamaño de las centrales, con diferentes cupos de potencia, pero, como en otras ocasiones, no quiso escuchar", reprocha.
