El tan vaticinado incumplimiento del objetivo de déficit confirmó lo que ya muchos advirtieron cuando el Gobierno decidió adelantar a septiembre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Que los números eran papel mojado. A la espera de la posible negociación con las autoridades comunitarias para relajar los plazos en la senda de la consolidación fiscal, el ministro de Hacienda en funciones saca la tijera. Lo hizo tras el Consejo de Ministros de ayer. Antes, por lo tanto, de sentarse a tratar con las comunidades su desvío durante el pasado ejercicio -el 1,66% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,7% marcado-, casi como una oferta de tregua, dando ejemplo dessde la Administración central, en la nueva batalla que le enfrenta con ellas por culpabilizarlas del desequilibrio en las cuentas.

Montoro quiere recortar 2.000 millones de euros. ¿Cómo? Mediante un acuerdo de no disponibilidad de crédito en todos los ministerios "proporcionalmente al tamaño de sus presupuestos". "La reducción no afectará al gasto social ni a la seguridad", afirmó Montoro. Concretamente, Hacienda se excluye de la rebaja a las transferencias de la Seguridad Social, la partida para pagar a los parados, las becas y los servicios de mantenimiento en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Alrededor de 950 millones del total del ajuste serán partidas "vinculadas a operaciones del capítulo VIII que tienen impacto en el déficit". Es decir, de operaciones con activos financieros que, según Hacienda, están relacionadas con los ministerios de Economía, Industria y Fomento.

El Gobierno en funciones da un paso así para acercarse a las exigencias de control que reclama Bruselas, aunque sin detallar en el Congreso cómo lo hará. Montoro asegura que las autonomías pueden seguir esta fórmula de contención e incluso está dispuesto a celebrar reuniones bilaterales para explorar conjuntamente los recortes regionales que no afecten al gasto social.