El sector del transporte exige a la Xunta compensaciones por la anulación de las concesiones

Tres semanas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba las 129 concesiones de transporte de viajeros por carretera prorrogadas por la Xunta en 2010, las federaciones del sector se reunieron ayer en Santiago para analizar la "muy compleja" situación en que les dejó el pronunciamiento del Supremo, que obliga además, en un plazo de dos años, a licitar en abierto las concesiones, dando entrada a eventuales empresas del conjunto del Estado y de la UE, con lo que la competencia será mucho más acusada. El principal problema que señala ahora el sector es cómo van a recuperar las inversiones, unos 100 millones de euros, que las firmas gallegas han gastado en modernizar la flota de autobuses, precisamente a cambio de una prórroga de los servicios que ha quedado invalidada. Por eso, la patronal reclama a la Xunta que "busque fórmulas que permita amortizar la inversión", según aseguró ayer, al término de la asamblea, el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Transportes de Viaxeiros en Autocar (Transgacar).

La prórroga de las concesiones se produjo en el marco de un plan de renovación de los autobuses. La Xunta amplió de forma automáticas la vigencia de los servicios por diez años más a cambio de que las empresas sustituyeran los autobuses más viejos, los adaptaran a las personas con movilidad reducida e introdujeran sistemas de localización y telegestión, teniendo como garantía los ingresos que iban a obtener por un servicio prolongado en el tiempo.

Pero el Supremo anuló esa prórroga porque va contra la normativa comunitaria, que impide precisamente que en determinados servicios las licencias duren más de diez años. Y ahora las empresas se encuentran con la situación de que realizada una inversión de unos 100 millones de euros, ya no tienen la posibilidad de amortizar ese gasto debido a que se tienen que volver a licitar los servicios.

"Es imprescindible que la Xunta encuentre una solución que nos permita recuperar la inversión. Nosotros no tenemos la culpa y no vamos a pagar los platos rotos", asegura el presidente de Transgacar, una de las federaciones junto a Fegabus, Fegatravi y Anetra que ayer se reunieron en Santiago.

Carlos García sostiene que el método de concesiones en Galicia fue precisamente lo que permitió al sector capear la crisis sin despidos ni recibir aportaciones de fondos públicos, pero que ahora se abre un escenario cargado de incertidumbre y que va a resultar "muy difícil" mantener el sistema de transporte público por carretera sin intervención pública, dado que muchas de las líneas son deficitarias por el escaso número de viajeros.