Un grupo de ganaderos se concentró este mediodía ante la sede de la empresa Logística Alimentaria, en Outeiro de Rei, después de la asamblea que celebró en el área de servicio de la autovía A-6 en ese municipio lucense, muy cerca de la planta, la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo.

En la asamblea, los ganaderos tomaron la decisión de "identificar" a esta empresa con una concentración ante su fábrica, porque es una de las industrias que está "importando leche de fuera" e "incumple" los contratos con sus propios proveedores. En la protesta, que se prolongará durante toda la jornada, están participando decenas de ganaderos, que llevaron hasta las puertas de la fábrica una veintena de tractores.

Los ganaderos están identificando todos los camiones que entran en la planta, porque su intención es no interrumpir la recogida en las explotaciones gallegas, pero tampoco permitir la entrada en la fábrica de leche foránea. El portavoz de Unións Agrarias (UU.AA) en la plataforma, Óscar Pose, lamentó que esta empresa esté pagando a sus proveedores un "precio por debajo de la media gallega, que ya está bastante baja" y "muy por debajo de los costes de producción".

También informó de que los ganaderos se organizarán en grupos para identificar durante los próximos días a las cisternas que entran en Galicia con leche foránea y a qué industrias van dirigidas. La reunión de hoy también sirvió para "organizar entre todos" esa "vigilancia" y para "denunciar las prácticas de una patronal lechera que está llevando a la ruina a miles de familias ganaderas de Galicia". En ese sentido, recordó que las dos provincias que más leche producen de todo el Estado español, que son A Coruña y Lugo, son también las "principales importadoras de leche foránea".

En concreto, en A Coruña entraron 108.665 toneladas de leche y nata en 2015, mientras que en Lugo la cifra llegó a las 58.239 toneladas, "al tiempo que las industrias restringían la producción en Galicia o dejaban de recoger" la materia prima de las granjas gallegas. Todo esto sucedió, según Óscar Pose, ante la "pasividad" de la Administración, que hasta ahora se ha limitado a ejercer como "notario" de un "problema" que los ganaderos ya conocen, pero no ha ejercido sus competencias para solucionarlo.