Los técnicos de la Consellería de Política Social reforzarán este año el control ejercicio sobre el destino de las ayudas y subvenciones concedidas a las personas en situación de dependencia y en riesgo de exclusión social, lo que, en el último caso, afecta a los cheques sociales de la Renta de Inclusión Social, que rondan los 400 euros media.
Esta medidas está contemplada en el Plan de Inspeccións de Servizos Sociais para el presente ejercicio que hoy aprobará el Consello semanal de la Xunta, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.
El documento pretende centrar sus esfuerzos en el uso adecuado de los fondos públicos para los colectivos más vulnerables y asegurar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y convenio firmados por el Ejecutivo autonómico.
Así, se intensificarán las inspecciones a centros propios de la Xunta que atienden a mayores, así como a centros privados para tratar de detectar posibles casos de maltrato, promoviendo una intervención rápida en caso de hallar este tipo de prácticas. La revisión afectará al 100% de centros de menores de la comunidad, según fuentes del Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo.
También se fomentará la coordinación entre el registro de entidades prestadoras de servicios sociales y el registro sanitario para facilitar la verificación de aquellas que cuentan con autorización sanitaria para atender a personas dependientes.
El objetivo último de estas actuaciones, según la Xunta, pasa por garantizar el respeto al derecho de los usuarios de los servicios sociales y mejorar la calidad de estos.
El año pasado, la consellería, en manos de Beatriz Mato hasta octubre pasado, realizó 1.442 inspecciones, 46 más de las previstas en el plan de 2015. También se registraron casi 77.000 consultas al citado registro de entidades citado.
