Las academias de inglés Opening fueron el Vitaldent de hace ya más de una década. En agosto de 2002, los populares centros de enseñanza de idiomas se declararon en quiebra con una deuda superior a los 120 millones de euros y echaron el cierre de la noche a la mañana, dejando a 45.000 estudiantes sin clases, la mayoría atrapados por los créditos firmados con entidades financieras para financiar los cursos. De ellos, unos 2.500 estaban matriculados en las tres sedes propias que la compañía gestionaba en Vigo, Pontevedra y Santiago, junto con las franquicias de A Coruña, Ourense y Ferrol. El calvario por el que tuvieron que pasar para recuperar su dinero es muy parecido al que todavía atraviesa el Instituto Galego de Consumo para cobrar la multa millonaria impuesta a la red de academias y sus responsables. Tres sanciones, concretamente, de cuatro millones de euros cada una -sigue siendo la de mayor cuantía en la historia del organismo-, que los responsables de Opening han tratado de esquivar en todos los años que van desde el estallido del caso. Ahora el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) de Galicia da un paso más para cerrar de una vez por todas el cumplimiento de las infracciones detectadas.
La presidencia del Instituto Galego de Consumo requirió a Guillermo Menal, principal accionista del Grupo CEAC -entidad administradora de las academias de inglés-, el abono "en periodo voluntario" de la sanción de cuatro millones de euros pendiente desde el año 2002. Y así se le notificó cuatro días después.
Su defensa, sin embargo solicitó en el juzgado de Santiago la anulación del requerimiento bajo el argumento de que la medida "no se podía enmarcar dentro del ámbito objetivo de la normativa tributaria", ya que "se trataba de un acto administrativo relacionado exclusivamente con la materia específica de la que provenía debida a la actuación del Instituto Galego de Consumo". Incluso, aseguraba, el pago "habría prescrito". Algo que niega la administración autonómica, que insiste en que es "un acto dictado dentro del procedimiento recaudatorio" y el afectado debería haber interpuesto antes una reclamación en la Xunta Superior de Facenda.
La batalla llegó al TSXG, que acaba de darle la razón a la Xunta. El contencioso requiere "previamente" un recurso por vía administrativa, "siendo contra la resolución que debiera haber dictado este órgano administrativo" el posible motivo de acudir luego a los tribunales. La sentencia niega que exista "indefensión", como esgrimía el responsable de Opening. El TSXG deja claro que se pronuncia sobre las formas, "sin prejuzgar acerca de lo que pueda en definitiva resolverse sobre el fondo del mismo".
Desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria no entran a valorar los litigios alrededor del caso de los centros de inglés por la obligación de mantener la protección de datos, pero sí confirman que las multas fueron recurridas por el sancionado "en varias instancias, hasta el Tribunal Supremo". "Ratificando siempre la imposición de la sanción por el Instituto Galego de Consumo", subrayan.
Así es. El alto tribunal revisó la sanción también de cuatro millones sobre el Grupo CEAC y la mantuvo al dar por probado que existió una infracción muy grave de la ley de consumo . "No solo se incumplió o dejó de prestar el servicio prometido, sino que ese se contrató, siguió contratándose, incluso bajo estas modalidades de pago [en referencia a los préstamos con entidades financieras], cuando la mercantil sancionada había de haberse representado ya la probabilidad de que los cursos no llegaran a impartirse -falló el Supremo-. Y se actuó así sin que se alegue, seriamente al menos, ni se acredite que los potenciales alumnos tuvieran a su alcance información sobre semejante riesgo". El propio relato de los responsables de Opening admitía la "grave crisis" que desde "los primeros meses" de 2002 azotaba a la compañía y el "claro estado de incertidumbre" respecto a una posible solución.
7,3 millones por abusos de las eléctricas en Galicia
- El cierre de los centros de enseñanza de inglés de la red Opening fue, sin duda, uno de los escándalos de infracciones en materia de consumo con mayor repercusión pública de los últimos años. En parte porque la compañía siguió formalizando contratos en plena crisis interna y porque la mayoría de las entidades financieras tenían firmados créditos de alumnos. También ellas fueron condenadas en los últimos años. Entonces, la oleada de quejas por las academias convirtió a la enseñanza en una de las materias de más peso en el total de 5.000 reclamaciones ante el Instituto Galego de Consumo.El pasado 2015, el número de quejas fue de 20.000, con 3.000 laudos arbitrales para resolver conflictos y 2.200 expedientes sancionadores. Casi cuatro de cada diez de las reclamaciones fueron por telefonía; un 21,1%, contra empresas de electricidad; y un 5,4% por electrónica. Sin embargo, entre los expedientes abiertos, la mayoría (36,2%), fueron por prácticas abusivas por parte del sector energético. En telecomunicaciones suponen el 19,5%. El importe alcanza los 13,6 millones. La mitad, 7,3 millones, por los vinculados a electricidad.
