La caja fuerte de la Justicia cerró el año pasado con más de 3.500 millones bloqueados. En los juzgados gallegos están inmovilizados 148,4 millones a la espera de una resolución. Son pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos, o indemnizaciones de procesos judiciales en curso que se ingresan en cuentas bancarias para garantizar, por ejemplo, el pago al afectado cuando se dicte una condena. Cuando el tribunal emita sentencia, se determina si las cantidades congeladas deben devolverse a su propietario o si por el contrario se utilizan para el pago de indemnizaciones, multas o las correspondientes costas procesales. Mientras en el conjunto del país el saldo de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales aumentó el año pasado casi un 1,3% en los juzgados gallegos disminuyeron casi un 12%, al pasar de los casi 168,2 millones de 2014 a los 148,4 del ejercicio pasado.
Con los intereses que generaron estos ingresos, la Justicia ganó el año pasado en Galicia más de 2,3 millones, la tercera parte de lo que habían supuesto estos depósitos en los ejercicios anteriores (por encima de los 7 millones), según datos del Ministerio de Justicia.
Hasta en un total de siete comunidades cerraron diciembre de 2015 con menos fondos congelados en sus cuentas judiciales. El mayor desplome lo sufrieron los juzgados de Baleares (casi un 50%), seguidos de los tribunales de Cantabria (-15,3%), Navarra (-12%), Galicia (casi un -12%), Extremadura (-8,5%) y finalmente Cataluña (-6,3%) y Castilla y León (-0,12%). En el extremo opuesto de la lista están La Rioja, que incrementó los depósitos judiciales al cierre del ejercicio más de un 34%, seguida de Aragón (32,7%), Madrid (13,6%) y Asturias (casi 13%).
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Por provincias, A Coruña es la que acumuló al cierre de 2015 un mayor saldo en depósitos por procesos judiciales en curso en la comunidad: 84,4 millones (casi el 60% del total en Galicia ), aunque con un descenso del 9,4% en relación al saldo de 2014. De lejos, le sigue en el ranking la provincia de Pontevedra, con 38,23 millones en sus cuentas judiciales al cierre del año pasado (-18,5% respecto al ejercicio anterior). Casi a la par están las cuentas de los tribunales de Lugo (12,17 millones) y Ourense (13,1 millones), aunque en este último caso lograron un aumento de más del 1,3% frente a la caída en los juzgados lucenses del 17%.
Desde el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) advierten de que las elevadas cantidades inmovilizadas en los juzgados del país son en parte consecuencia de la lentitud de la Justicia y ya lleva años reclamando reformas que contribuyan a acelerar las resoluciones. Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas. Los procesos mercantiles, según detallan fuentes judiciales, son los que mayor cantidad de depósitos realizan, de manera que la demora en la resolución de estos litigios puede provocar que una empresa quiebre cuando tiene fondos bloqueados con los que podrían mantener su producción.
Buena parte de esos depósitos judiciales se devuelve a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria cuando se dicta sentencia a su favor. Pero también una parte de esas entregas corresponde al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin fundamento jurídico.
Sin embargo también hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque los ciudadanos, una vez finalizado el proceso en los tribunales, no pasan a recogerlos. ¿A dónde van esas cantidades no reclamadas? Acaban en las cuentas del Tesoro Público, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
