El control fiscal de la Xunta permitió engordar su recaudación fiscal el año pasado en 150,1 millones de euros, apenas 2,7 millones más que el ejercicio 2014. De esa cifra, 110,8 corresponden a errores en la presentación de las liquidaciones de los ciudadanos de los impuestos autonómicos, fundamentalmente el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones -del que quedará eximido el 99% de gallegos a partir de este año-, mientras que otros 39,3 se deben a cantidades no declaradas -y, por tanto, fraude- y detectadas por los inspectores de la Axencia Tributaria de Galicia.
Estos datos correspondientes al balance de 2015 de la Atriga fueron esbozados ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Consello, que se adelantó una jornada debido a la festividad del Jueves Santo.
La inspección realizada el año pasado, durante el cual no se realizó un plan especial contra el fraude adicional, ofreció un resultado general similar a los dos ejercicios anteriores, aunque diferente si se aplica la lupa. Los errores detectados en las liquidaciones -los ciudadanos presentan la documentación acerca de la cantidad que deben pagar por sus herencias o ventas- se redujeron un 19% en tres años, pasando de los 137 de 2013 a los 115,6 de 2014 y a los 110,8 del ejercicio pasado.
Una tendencia opuesta muestran las inspecciones de los funcionarios, que el año pasado realizaron 264.913 comprobaciones, cinco mil más que en 2014 y 36.000 más que dos años antes. El resultado casi se triplicó al destapar cantidades no declaradas, que pasaron de los 16,1 millones de 2013, a 32,8 un año después y a 39,3 en el cierre pasado.
De acuerdo con los datos presentados ayer, el 88% de ciudadanos cumple con sus obligaciones fiscales, mientras que un 12% bien comete errores, bien trata de defraudar al fisco gallego. Se trata de 30.669 casos, según Facenda.
El balance de la Atriga, cuyo contenido íntegro todavía no ha sido publicado, también ofrece un síntoma de ligera recuperación del bolsillo de los gallegos tras la fase más cruenta de una crisis que, sin embargo, todavía atenaza el día a día de miles de ciudadanos. Los aplazamientos para pagar los tributos autonómicos se situaron en 24,5 millones, 1,2 menos que en 2014. Esta magnitud ilustra las dificultades de la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones fiscales, pues, según la Xunta, entre 2009 y 2015 la media de aplazamientos ascendió a 23,7 millones, mientras que entre 2005 y 2008 fue de 10,1. "Desde el año pasado estamos en una etapa de meseta donde ya no están aumentando las solicitudes de pago fraccionado", reconoció Feijóo ante los medios.
