Galicia es sinónimo de minifundio y aunque la primera ley de concentración parcelaria se remonta a 1952, de las casi 650.000 héctareas de tierra destinadas a usos agropecuarios en la comunidad, el 54% aún están sin agrupar. En más de seis décadas se han concentrado un total de 350.000 hectáreas de terreno de uso agrícola al cerrarse 747 procesos. En este periodo se iniciaron también otros 137 proyectos de reestructuración que afectan a una superficie total de 119.003 y son estos precisamente los que la Consellería de Medio Rural pretende culminar en los próximos cuatro años con el objetivo de "dar un nuevo impulso al rural gallego".

La histórica fragmentación de la propiedad de la tierra en Galicia dificultó el crecimiento de las explotaciones agrarias, la utilización de maquinaria y el aprovechamiento de la superficie. La estrategia de la concentración parcelaria consiste en combatir estos hándicaps con la unión de las fincas de cada propietario en otras de mayor tamaño para que las explotaciones sean más viables y "competitivas". Para la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, esta reestructuración es "fundamental" para el despegue socioeconómico del rural gallego. La titular del departamento autonómico insiste en que con este redimensionamiento de las fincas se abaratarán los costes de producción y se mejorarán los accesos con nuevos caminos que permitan la entrada de maquinaria a los terrenos y faciliten el desplazamiento de los vecinos.

Además de las discrepancias entre los propietarios, la elevada inversión que se precisa es otra de las causas que ralentizaron desde 1952 el cierre de los procesos. Por eso, para llevar a cabo la concentración de las 119.000 hectáreas pendientes, la Xunta reservará más de 22 millones en este ejercicio, lo que según el Gobierno gallego supone casi el triple de dinero que los ocho millones de euros que, de media, se invirtieron en los últimos ejercicios.

Pese a las ventajas que ofrecen las reestructuraciones de la superficie agraria, los desencuentros entre los dueños de los terrenos en cuanto al reparto de las nuevas fincas y las reclamaciones a los procesos provocaron que las ejecuciones de las parcelarias se eternizasen en muchos casos, con una media de 16 años para cada resolución. Destaca el caso de las zonas de Cobas y Esmelle, en Ferrol, donde el retraso llega ya a los 32 años.

Estas demoras provocaron sucesivas llamadas de atención tanto del Valedor do Pobo como del Consello Económico e Social (CES) a la Administración autonómica para que agilizase las parcelarias priorizando las de interés agroganadero. Para evitar que se repitiesen casos como los de Ferrol, los sindicatos reclamaban el desarrollo de la Lei de Mellora da Estructura Agraria (Metaga). Esta norma se aprobó a mediados del año pasado en el Parlamento gallego solo con los votos del PP, ya que los partidos de la oposición criticaron que solo se aceptaran una decena de las más de 150 enmiendas presentadas. La nueva ley aspira precisamente a simplicar y reducir el tiempo de realización de las parcelarias -públicas, privadas, agrarias y forestales- para evitar que se conviertan en procesos farragosos que se prolonguen en el tiempo al permitir también permutas voluntarias de fincas.