Contratos, subvenciones y ayudas varias de la Diputación de Lugo en la etapa de Xosé Ramón Gómez Besteiro por más de 8 millones de euros y a diferentes empresas están bajo la lupa de la juez de Pilar de Lara, en el marco de la operación Pulpo. Precisamente ha sido esta causa la que precipitó la marcha de Besteiro de la escena política, primero al renunciar a ser candidato a la Xunta y después al dimitir como secretario xeral del PSdeG. El líder socialista ya estaba imputado por cuatro delitos en el caso Garañón, una supuesta trama urbanística en Lugo, y de golpe le cayeron otras seis imputaciones por esta última causa.
En el sumario, sobre el que parcialmente ha levantado el secreto la magistrada lucense, se pone en tela de juicio la limpieza de las adjudicaciones de contratos y subvenciones. Bajo el foco de Pilar de Lara hay al menos 68 contratos a cuatro empresas, en las que la investigación judicial ha encontrado conexiones familiares con personal vinculado al PSdeG de Lugo. El sumario da cuenta de "un indicio claro de fraccionamiento" de los contratos "para evitar el procedimiento negociado que implicaría requisitos de publicidad y concurrencia empresarial". También se cuestiona en el sumario que algunos de estos contratos se adjudican por vía de urgencia, "no estando suficientemente motivada la razón" de este procedimiento rápido y se sospecha que al reducir plazos, "se podría imposibilitar a posibles contratistas la presentación de sus ofertas por falta de tiempo para su confección, así como podría beneficiar a otros que conocieran de la licitación con anterioridad".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia (UDEF) en su informe le llama la atención que la Diputación de Lugo pida además presupuestos para la contratación de servicios a empresas que nada tienen que ver con el servicio que se adjudica, lo que podría dar lugar a que fuesen "nulos de pleno derecho" algunos de estos contratos.
Los contratos investigados son 7 de Hola Ola Ribadeo por 152.163 euros entre 2011 y 2013; 26 de Markova TIC, entre 2009 y 2014 por algo más de un millón de euros; otros siete por 383.271 euros entre 2009 y 2014 con Dioptra y 28 contratos con Topología de Red por 142.118 euros.
No son los únicos. La Udef ve "indicios claros" de delito en contratos de transporte firmados por la Diputación de Lugo para el programa de visitas guiadas "KM0". Sospecha de tráfico de influencias y prevaricación presuntamente para "beneficiar" a las compañías del empresario Raúl López. Considera que al menos diez contratos por 852.000 euros fueron adjudicados "irregularmente" a las firmas de López. En este caso, también observan un presunto "descarado fraccionamiento del contrato" de transporte "al inicio del KM0", para adjudicárselo a sociedades vinculadas al empresario lucense dueño de Monbus, sin tener que ir a un procedimiento con publicidad. Ponen el ejemplo de tres contratos, adjudicados a la misma empresa de transporte, Hemisferios Viajes S.L, "inmediatos en el tiempo, por importes similares y siempre inferiores al umbral de los 18.000 euros", así como un "contrato menor a la Empresa Monforte", sociedades en las que figura como "administrador único" Raúl López.
Otro caso que llama la atención a la Udef es "un negociado sin publicidad" en el que "la Diputación invita a tres empresas", todas, al parecer, "participadas" por el empresario lucense.Para la Udef "no existe duda alguna de que todas las contrataciones analizadas" han "estado dirigidas y amañadas" para que "las empresas regentadas por Raúl López" fuesen "las adjudicatarias finales".Y concluye el informe que resulta incomprensible cómo "por parte de los servicios legales, Secretaría e Intervención, así como por sus superiores jerárquicos de la Diputación", se "consintió la gestión de dinero público de forma tan arbitraria" por parte del responsable del programa, el jefe del Servicio de Protocolo, uno de los investigados en la causa.
También están en el punto de mira de Pilar de Lara las subvenciones al Breogán, equipo de baloncesto de la ciudad de Lugo, que en la etapa de Besteiro recibió 5,7 millones de euros, y cuyo presidente es Raúl López. En el sumario se observa que hay casos en que "no existe justificación" de que se gastó correctamente la subvención, alegando que las facturas se devolvieron al Breogán. También se apunta que podría ser ilegal que el Breogán contratase con cargo a ayudas públicas servicios de las empresas de su presidente.
