La Consellería de Infraestruturas e Vivenda inyectará hasta el año 2024 a la Sociedade Galega de Investimentos (SPI) 51,29 millones de euros para cubrir gastos que en su día asumió la Administración autonómica para construir la AG-53, la autopista Dozón-Ourense, y que explota la SPI directamente, sin necesidad de recurrir a concesiones privadas. Esta aportación de capital se realizará para afrontar durante los próximos años los gastos financieros y las amortización de los préstamos que se solicitaron para ejecutar la vía y que ahora entran en su fase más costosa para las arcas autonómicas.
Esta autopista funciona con peje a la sombra. Los usuarios no pagan nada por circular por la AG-53, pero es la Xunta la que cada año reserva una cantidad, que transfiere a la SPI, en función del número de vehículos que la utilizan. Hasta ahora, estas tarifas a la sombra aportaban lo suficiente para cubrir la amortización anual, pero a partir ya de este año, el Gobierno gallego tiene que reservar hasta 2024 partidas adicionales en sus presupuestos para reequilibrar las cuentas.
En este ejercicio se inyectarán 5,25 millones de euros, que se rebajarán a los 4,7 en 2017, alcanzado el máximo en 2018 con casi diez millones de euros, para luego volver a bajar. Esta aportación se mantendrá, según se recoge en la memoria de las cuentas de la Sociedade Pública de Investimentos, nueve años, hasta 2024, para luego regresar a la financiación con los ingresos generados por el peaje a la sombra, ya que los gastos anuales de amortización se reducen a partir de ese ejercicio. "Los ingresos fundamentales de la SPI son los peajes que paga la Xunta y como no es suficiente, a mayores se aporta una partida llamada de reequilibrio", explica la Consellería de Infraestruturas.
La AG-53 entró en servicio en 2007, aunque no se completó en todo su recorrido hasta 2009. Ese año utilizaron esta autopista 7.348 vehículos. Subió hasta los 8.513 al ejercicio siguiente y se mantuvo en las mismas cifras en 2011, para luego descender en los dos siguientes años y comenzar la recuperación en 2014. El pasado año la autopista Dozón-Ourense registró su mayor tráfico, con 8.752 vehículos circulando por ella, que supusieron para la Xunta, en concepto de peaje a la sombra, trasvasar 15,12 millones de euros a las arcas de la Sociedade Pública de Investimentos.
La Xunta actual quiso, al inicio de la legislatura privatizar la gestión de la AG-53, en lo que iba a ser el mayor contrato público de la historia de Galicia, para reducir deuda pública, pero finalmente, en 2013, dio marcha atrás en su propuesta porque las cuentas iniciales de amortización estaban mal realizadas.
Así que apostó por que la siguiera gestionando la Sociedade Pública de Investimentos hasta el final de su vida útil, en el año 2057. A esa decisión se llegó tras revisar en profundidad el Plan Económico Financiero de la obra -elaborado en el año 2003- y descubrir que había un descomunal desfase entre la previsión de gastos para sostener la autovía y el coste real de las amortizaciones y mantenimiento de la carretera. La diferencia es nada menos que de 671 millones de euros.
Así, frente a la estimación inicial de que conservar la vía operativa hasta el año 2057 iba a costar a las arcas autonómicas 1.184,9 millones de euros, la nueva revisión cifró en solo 513,1 el gasto real, por lo que en estas condiciones resulta totalmente asumible para la Administración autonómica.
El Gobierno gallego atribuyó en su momento este fallo al bipartito, pero sin cargar las tintas, porque el actual Ejecutivo de Feijóo tardó cinco años en darse cuenta del desfase y solo apreció la sorprendente disparidad de las cifras después de un año de estudios -en los que se contrató hasta una consultora externa- con el objeto de privatizar la gestión de la autovía. Por esto, y porque el Plan Económico y Financiero fue elaborado en la época de Fraga, los reproches fueron más bien tibios a pesar de que el gasto estaba infladísimo.
La planificación se realizó para una carretera de pago, que es como estaba diseñada la AG-53 originalmente con Fraga, con una previsión de ingresos por peaje para costear su conservación y la devolución de los créditos. Pero el bipartito la hizo libre de peaje en 2007 y dio por bueno ese Plan Económico y Financiero.
